Ya no guardan ni las formas.

Una sentencia anula los criterios que regulan lo que pagan los beneficiarios de una ayuda de la Dependencia

La Audiencia Nacional entiende que los acuerdos que fijaron el copago debían haberse recogido en un decreto

La Audiencia Nacional ha anulado los criterios por los que se regula la participación económica de los ciudadanos en el coste de los servicios y prestaciones que reciben por la Ley de Dependencia, es decir, los porcentajes que han de pagar los dependientes (mediante el copago) en función de la ayuda que reciben, sea una plaza en una residencia geriátrica o en un centro de día, por ejemplo. Y se anula por una cuestión de forma. La Audiencia entiende que falta un decreto en el que se recojan aquellos acuerdos a los que llegaron el Gobierno y las comunidades en 2008.

La sentencia, ante un recurso del Cermi, la plataforma que agrupa a las asociaciones de los discapacitados, deja sin efecto esos porcentajes acordados, pero no estima el recurso que pretendía anular el resto de criterios que se fijaron en aquellas reuniones para establecer el copago, es decir, la renta de las personas, si tienen vivienda en propiedad, etcétera.

Ante esta sentencia cabe recurso. El Gobierno debería redactar ese decreto, que habría de pasar primero, según los servicios jurídicos del Cermi, por el Consejo Nacional de la Discapacidad y por el Consejo Territorial de la Dependencia. Podría hacerlo cuanto antes o recurrir y esperar. Los expertos consultados entienden que esta sentencia no tendrá una repercusión práctica inmediata sobre los ciudadanos, pero habrá que modificar documentos, porque las comunidades implementaron el copago en sus territorios a partir de aquel acuerdo que no se formalizó en un decreto.

Fuente: El País

Incompatibles deberían de ser las remuneraciones por representación política

Familia del discapacitado de Albolote al que quitaron una ayuda cumple 3 días de encierro

La familia del joven discapacitado de Albolote (Granada) al que la Junta ha retirado una prestación de dependencia de 300 euros ha cumplido este miércoles su tercer día de encierro en el Ayuntamiento de la localidad sin que ninguna administración haya dado solución a su problema.
El joven, de 27 años, tiene reconocido un 97 por ciento de minusvalía de acuerdo a los parámetros de la Ley de Dependencia por los que también se le concedió la citada prestación, aunque un año después la Junta se la ha retirado porque "no puede compatibilizarla" con la asistencia a un Centro de Terapia Ocupacional.

En declaraciones a Europa Press, la madre del chico, María del Carmen Sánchez, se ha mostrado "decepcionada" porque en estos días "nadie ha contactado" con ellos para abordar el asunto o "simplemente saber cómo estamos". Tanto ella como su marido han vuelto a pasar la noche en el consistorio, donde se han llevado un colchón y un saco de dormir para hacer "más cómoda la espera".

Pese a la "falta de interés" de las administraciones, María del Carmen afirma que "seguirán luchando" y no abandonarán la protesta hasta "que se lo diga el juez", ya que está convencida de que La Ley de Dependencia contempla "casos excepcionales" en los que una persona dependiente puede compatibilizar la asistencia a un centro con la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, como es su caso.

"ES INCOMPATIBLE"

No obstante, la delegada de Igualdad y Bienestar Social de la Junta en Granada, Magdalena Sánchez, cree que en este caso "hay una clara incompatibilidad de prestaciones". Afirma que cuando los servicios comunitarios estudiaron el caso aconsejaron a la familia que llevaran al joven a un centro en vez de que su madre obtuviera la prestación como cuidadora "propuesta que aceptaron sin avisar de que iban a solicitar la asistencia al centro", añade Sánchez.

Tras interponer dos recursos de alzada contra la Consejería de Igualdad Y Bienestar Social para que le devuelvan la prestación --uno está pendiente de resolver-- María del Carmen Martínez ha decidido subir el tono de su protesta y permanece desde el mediodía del lunes encerrada junto a su marido en el Ayuntamiento de Albolote para exigir un encuentro con la consejera del ramo, Micaela Navarro.

La familia cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Albolote, que le ha cedido el espacio para realizar su protesta, y con el calor del pueblo, que han propuesto a la familia la posibilidad de movilizarse en su favor. Por el momento, están recogiendo firmas y les están dando "muchos ánimos".

Fuente: Ser.

Más sobre la ley del voto fácil y la desesperación

Gómez denuncia que un niño con el grado máximo no ha recibido la ayuda pedida en 2007

Piden una residencia de mayores en la localidad que la comunidad había comprometido en 2007

   MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha acudido con el autobús de denuncia de los "incumplimientos" del Gobierno regional a la localidad de Perales de Tajuña, donde han denunciado que la familia de un niño de seis años con el máximo grado de Dependencia pidió la prestación que le concede la ley en 2007 y aún no ha recibido el dinero que le corresponde.

   En declaraciones a los medios en la citada localidad, donde se ha reunido con Noelia y Benito, los padres de Héctor, ha criticado "inmoralidades" como el hecho de que un niño de seis años dependiente de grado tres nivel dos no haya recibido aún ninguna prestación.

   Gómez ha explicado que Héctor sufrió con cuatro meses un infarto  cerebral, y que tiene que ir todos los días a un colegio especial para niños con dificultades motóricas que está en Arganda del Rey.

   La familia solicitó la valoración y las prestaciones como dependiente en el año 2007 y después de dos años, en septiembre del año pasado, la Comunidad de Madrid les otorgó el PIA. No obstante, aún no han recibido dinero.

   "Este niño, Héctor, que es de grado tres nivel dos, que es el máximo grado de nivel de Dependencia, hoy, un año después de tener concedidas sus prestaciones, sigue sin recibir un sólo euro por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Esto es inmoral", ha afirmado para decir que la familia tiene que correr con los gastos. "No es normal que Madrid sea la segunda comunidad por la cola en poner en marcha la ley de dependencia", ha criticado.

   Benito, el padre de Héctor, ha dicho que tienen muchas carencias porque no tienen dinero y hay cosas que han tenido que negarle a su hijo. Una de ellas es el ir a nadar por las tardes, porque el padre  está en paro y la madre trabaja por las tardes, ha asegurado la madre del menor.

   Asimismo, admiten que es caro hacer frente a costes como dinero para férulas para brazos, piernas, o simplemente el gasto de la gasolina para llevarle todos los días al colegio a Arganda del Rey.

   De momento, la última reclamación que han presentado fue el 6 de septiembre. Les contestaron a los dos días diciendo que todo estaba perfecto, pero sin fecha establecida para empezar a recibir la prestación.

RESIDENCIA DE ANCIANOS EN PERALES

   El secretario general del PSM ha aprovechado su viaje a Perales para denunciar que los vecinos de la localidad llevan 20 años esperando que la Comunidad de Madrid construya una residencia de ancianos, algo a lo que se comprometió en 2007.

   Gómez ha criticado que en Madrid hay más de 20.000 personas que esperan una plaza en una residencia y ha opinado que este retraso  "marca la falta de sensibilidad" del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

   Representantes del Grupo Municipal Socialista de Perales de Tajuña  han acudido a la Puerta del Sol a entregar una carta dirigida a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en la que le piden que se construya ya la residencia prometida en 2007.

   En su misiva, se refieren a una contestación que dio en pleno la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, en noviembre de 2009, en la que decía que en la localidad "no hay demanda" para cubrir las 170 plazas de las que está dotada una residencia.

   Asimismo, destacan que hay "una necesidad acuciante" de encontrar soluciones al problema del número de personas mayores con necesidades específicas y destacan que la residencia "sería una solución a una demanda y necesidad social".

  "Paliaría, en parte, la escasez de puestos de trabajo en una zona de la Comunidad de Madrid en la que el paro es superior a la media y la renta per cápita de las más bajas de la región", reza el escrito.

Fuente: Europa Press.es

“Turismo de la dependencia”: Un drama al que nos está llevando tan poca vergüenza

 

El retraso en las ayudas empuja a dependientes a cambiar de región

Primeras señales del 'turismo' de los ciudadanos para obtener la prestación - Algunas comunidades tardan más de un año en tramitar los expedientes

CARMEN MORÁN - Madrid - 24/08/2010

La gente ya sabe que gestionar una ayuda para la dependencia en comunidades como Madrid, por ejemplo, le puede llevar más de un año, un plazo que en otras regiones es mucho más corto. Y los dependientes, la gran mayoría por encima de los 80 años, no quieren ni pueden esperar tanto, así que algunos han decidido empadronarse en otras regiones y formalizar allí todos los trámites. Algunos incluso aprovechan las vacaciones en la costa para que los profesionales baremen el grado de dependencia de sus ancianos.

El boca a boca funciona. El que tiene amigos o familiares en Castilla-La Mancha, por ejemplo, sabe que allí las cosas van más rápido que en Valencia, y al que quiere una residencia en Murcia no se le escapa que tendrá más opciones saltando a Almería. Si las comunidades que gestionan con menos eficacia no revierten esa situación, sus ciudadanos seguirán yéndose a otras para que les concedan sus derechos. Se ha iniciado el turismo de la dependencia, una suerte de exilio que huye de la ineficiencia de algunos Gobiernos.

"Primero los empadronan, en casa de unos amigos, o en un piso en la playa, y una vez que les han valorado y les han comunicado el grado y nivel de su dependencia, trasladan el expediente a la comunidad en la que viven. Eso está empezando a ocurrir", dice un trabajador social de Almería.

Pulpí es un pueblo limítrofe con Murcia de unos 9.000 habitantes con una residencia de más de un centenar de plazas y un centro de día. La alcaldesa, María Dolores Muñoz, sabe que en el geriátrico hay más de un murciano. "Como los ancianos se empadronan es más difícil detectarlo, y también hay traslados de expediente", dice, sin ápice de molestia. Simplemente defiende orgullosa los muchos servicios que tiene su pueblo.

Murcia es la comunidad que concede más prestaciones económicas, por tanto, tener acceso a una plaza de residencia allí es complicado. Los que viven cerca de Almería prueban suerte en Pulpí.

En algunos casos, los ciudadanos están pagando costosas plazas de residencia a la espera de que llegue la ayuda a la que tienen derecho y les alivie un poco estos pagos. Los empresarios de los geriátricos saben bien el esfuerzo que hacen estas familias y alguno ha decidido ayudarlas. "Los dependientes están en nuestra residencia de Castilla-La Mancha, que pagan de su bolsillo, pero como viven y están empadronados en Madrid y la ayuda que han solicitado allí tarda tanto, les empadronamos en la residencia y así pueden pedirla en esta comunidad, que va más rápido", dice el jefe de este geriátrico, que no quiere identificarse.

El problema es que al revés las cosas no funcionan igual, y eso está creando cierto malestar en algunas comunidades. Empadronarse en Madrid y pedir una ayuda es más complicado. "Allí se agarran a una normativa anterior a la Ley de Dependencia y exigen dos años de empadronamiento para optar a una residencia y uno para ayuda a domicilio. Eso es desconocer que el grado y nivel que se le otorga a un dependiente debe funcionar en cualquier sitio de España", dice Gustavo García, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. "Estamos hablando de derechos subjetivos, que no los había hasta ahora. Cualquier normativa autonómica anterior deja de tener sentido para las personas a las que se les reconozca su grado de dependencia, en cualquier sitio en que eso ocurra", añade García.

La madre de Ramón tiene alzhéimer y, durante algún tiempo, este madrileño estuvo considerando llevarla a Toledo a una residencia, o a Ciudad Real y empadronarla allí, como le recomendó un amigo. "Pero me pesó tener que sacar a mi madre, tan mayor, para llevarla lejos, y sin que estuviera mi padre con ella. Los geriatras me han dicho que necesita una residencia, pero nos han concedido la prestación económica. Optar a una residencia en Madrid es complicado", dice.

El turismo de la dependencia está solo iniciándose y no avanza más porque se trata todavía de personas muy mayores. "Si esto se produce con grandes dependientes, de escasa movilidad, no quiero pensar qué ocurrirá en 2011, cuando entran en el sistema los dependientes moderados. Estos pueden trasladarse con facilidad a otras regiones, y el problema puede presentar dimensiones preocupantes", avisa Gustavo García.

Algunos casos cobran tintes dramáticos. "Hemos tenido ancianos que se vuelven a su pueblo natal a empadronarse, o que nunca dejaron de estar empadronados, para que allí les concedan más rápido la ayuda. Algunos han muerto al poco tiempo. Acaban instalándose en la casita del pueblo, que apenas la usaban para vacaciones y que no tiene las condiciones básicas para que allí viva un anciano muy enfermo", dice un trabajador social de Albacete, que, como los demás, quiere mantenerse en el anonimato.

Se trata de personas que se fueron de jóvenes a la Comunidad Valenciana a trabajar, como emigrantes. Allí criaron a sus hijos y nunca dejaron de vivir allí, pero acaban volviendo a su tierra para que les den pronto la ayuda a la que tienen derecho. [La Comunidad Valenciana tampoco es un ejemplo de eficacia al gestionar estas prestaciones].

El mismo trabajador social asegura que algunos ancianos que antes rotaban de una comunidad a otra porque tenían hijos en las dos han dejado de hacerlo: "Los trámites los hacen todos en Castilla-La Mancha. Si luego van a casa de otros hijos y se reparten las ayudas económicas, eso no lo sabemos", dice.

"Este asunto nos confirma que, frente a las dificultades de las comunidades en la aplicación de la ley, algunas ponen todos los medios y otras, sencillamente, demuestran falta de voluntad. Y no solo perjudican a los ciudadanos, sino que empiezan a crear un problema a otras comunidades, normalmente a las que mejor aplican la ley, las más ágiles en la gestión. Es muy insolidario", dice García.

La madre murió y su hija aún espera

Su madre, octogenaria, murió esperando una ayuda de dependencia solicitada en Madrid en febrero del año pasado. La hija, de 60 años, con una gran invalidez, la pidió al mismo tiempo y hace ya meses que se marchó a Málaga, alquiló un piso y trató de que fuera la comunidad andaluza la que se hiciera cargo de su caso. El clima le es más beneficioso. Pero incluso en la distancia, la Comunidad de Madrid plantea problemas con esta ley. "Las trabajadoras sociales de Andalucía me dijeron que en lugar de comenzar los trámites de nuevo trasladara el expediente iniciado en Madrid, para no perder derechos adquiridos. Y así lo solicité". Ha quedado atrapada en una espiral burocrática de la que todavía no ha salido. Mientras, sus piernas siguen fallando, la vista está cada día peor y se cae muchas veces a pesar de la ayuda de sus muletas. Pero Internet es la herramienta que la ayuda a poner quejas y más quejas contra la Administración madrileña.

En diciembre del año pasado solicitó el traslado de su expediente (número 9387/2009) y solo la contestaron en marzo, para decirle que su caso estaba en trámites, a la espera de ser llamada para valorar su dependencia. "Eso no era lo que yo había pedido así que me quejé a Edmundo Ahijón, responsable de esto en Madrid". En mayo, un mensaje le pide perdón por el error, pero le avisan "de que el proceso no es sencillo y que tardará". E. T. P., que ha sido funcionaria y se sabe los entresijos de las reclamaciones, puso otra queja. Pero todo parece inútil. Por último, en Andalucía le han dicho que quizá es más operativo iniciar los trámites de nuevo en Málaga. "Y eso es lo que estoy haciendo, pero, en paralelo, sigo con mis reclamaciones para ver si consigo que se atiendan mis derechos", dice.

Todavía recuerda el último año de vida, "horroroso", que pasó su madre. "Estuvo hospitalizada meses y pretendían que yo la llevara a casa, ella no estaba en condiciones para ello. Ni yo podía atenderla. En el hospital me dijeron que con mi pensión de 1.300 euros, podía contratar a alguien". Pero la Ley de Dependencia es universal, todos tienen los mismos derechos. Además, E. T. P también está "llena de dolores", y toma 14 pastillas diarias.

Fuente: El Pais

IGUALDAD EN LA INDIGENCIA

CRISIS PARA SOLICITUDES DE AYUDAS RISGA, DEPENDENCIA Y EMERGENCIA SOCIAL.

 

Vigo, 11 ago (EFE).- La concejala de Bienestar Social de Vigo, María Méndez, facilitó hoy datos que constatan un incremento importante en la solicitud de ayudas del Risga, de la Ley de Dependencia y de Emergencia Social en el primer semestre del año, debido a la apurada situación económica de muchas familias de la ciudad.

Según los datos aportados por el Ayuntamiento vigués, las solicitudes de la Renta de Integración Social de Galicia (RISGA) han aumentado un 29%, las correspondientes a Dependencia lo hicieron en un 35% y las de Emergencia Social un 18%.

Con motivo de la presentación del balance del Servicio de Atención Primaria, la edil nacionalista informó de que entre enero y junio se realizaron 7.347 intervenciones, que han supuesto que se pudiese prestar atención a 5.672 unidades familiares, de las cuales 2.012 familias se acercaban por vez primera a demandar ayuda o a solicitar información.

Siempre según los datos oficiales, el 65% de las personas que se acercaron al servicio de Atención Primaria correspondía a mujeres, y el 45% tenían edades entre 30 y 50 años.

Los incrementos en la demanda de ayuda pública indican, según María Méndez, que los servicios sociales deben seguir ir en aumento.

EFE 1011026

¿Dónde se esconden los verdaderos abusadores de derecho e insolidarios? ¿Cuántos son los ciudadanos víctimas de lo injusto, lo conspiratorio, lo perro, lo mezquino y lo chivato? Así andamos…

Acción Social tilda a una beneficiaria

de "antisocial" por denunciarla 8 veces

19/07/2010 - 19:20

La Conselleria de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat ha tildado a una beneficiaria y a su familia de "antisociales" por haber interpuesto ocho demandas y tres recursos en su contra, en una carta dirigida al Juzgado Social número 3 de Barcelona.

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass) impugna el recurso de suplicación de J. Saludes --esposa del presidente de la Asociación Papás de Álex de apoyo a discapacitados, Antonio Moreno-- en el que solicita la prestación de cuidador no profesional por silencio administrativo positivo.

Así, argumenta que "la parte recurrente (y su entorno familiar directo) están ejerciendo de una forma antisocial en derecho que el Ordenamiento otorga a todo ciudadano de acceso a la justicia (y más en concreto a su gratuidad)".

En este sentido, indica a la Sala que "la recurrente, su hijo y su marido" han presentado las demandas y recursos mencionados, en referencia al reconocimiento de un grado de discapacidad del 65 por ciento en un caso, y del 78%, en otro, así como al abonamiento de atrasos por actualización de la prestación de cuidador no profesional en 2008 y 2009.

Otra de las demandas se refiere al pago de los retrasos correspondientes a los casi cinco meses transcurridos desde la entrada en vigor hasta la implementación de la Ley de la Dependencia en Catalunya --el Tribunal Superior de Justicia la ha estimado--.

Sobre el caso que ahora se recurre, el Icass afirma que J. Saludes "intentó, en todo momento, forzar que la Administración no pudiese resolver (su grado y nivel de dependencia) dentro de plazo".

"ABUSO DEL DERECHO"

Por todo ello, el representante legal del Icass reitera que "bajo una apariencia de legalidad en la actuación de la solicitante se puede apreciar un abuso del derecho y un ejercicio antisocial del mismo". La mujer pidió un Programa Individual de Atención (PIA) por silencio administrativo al no ser valorada en los tres meses posteriores a su solicitud, según establece la Ley de Dependencia.

La mujer, que ha pedido que se le reconozca el grado III de dependencia, es al mismo tiempo la cuidadora no profesional de su hijo --afectado por una multipatología y con un grado de disminución del 86 por ciento--, añade con "sorpresa" el documento de la Generalitat.

En una misiva a la Conselleria, a la que ha tenido acceso Europa Press, el presidente de Papás de Álex, Antonio Moreno, ha expresado mediante su letrado su "estupor" ante el escrito de oposición de la Generalitat, y ha amenazado con emprender medidas legales en caso de que no rectifique.

Fuente: Ecodiario

¡Que les den lo que es suyo!

La cadena de la inDependencia

Madre e hijo se encadenan por una deuda del Consell

Ambos reclaman a Bienestar Social más de 6.000 euros

R. BIOT / J. PRATS - Alicante / Valencia - 14/07/2010

Ha presentado todo tipo de escritos, ha cursado los recursos posibles, y tras agotar las gestiones administrativas "lo único que quedaba era llamar la atención". Llanos Rodríguez y su hijo Ulises Sempere se encadenaron ayer durante una hora en la entrada del edificio Prop de Alicante para dar a conocer a los ciudadanos la dura realidad de los dependientes y de sus familias, así como para denunciar que la Generalitat "se está burlando" de ellos. "Lo que me pasa a mí, le pasa a mucha gente más

Ulises sufre una distrofia muscular progresiva que lo dejó en silla de ruedas entre los 10 y los 12 años. En mayo de 2007 solicitó la declaración de dependiente. "Un año después se le reconoció", aunque la resolución con la prestación que le correspondía (597 euros al mes) tardó otro año. Ulises tiene reconocido un grado 3, nivel 2 (gran dependencia) y precisa de una atención permanente que su madre, enferma de polio, ya no puede darle. Y tras recurrir al Síndic de Greuges, la Consejería de Bienestar Social le reconoció hace cinco meses la retroactividad del último año, no de dos como reclama. Aún no ha cobrado los 6.516 euros reconocidos.

La protesta estuvo acompañada por miembros de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Alicante. Y junto a Llanos y a Ulises también se encadenó Pau, un niño de 11 años con parálisis cerebral al que tampoco se le reconocen todos los atrasos de la prestación, con sus padres. El público entraba y salía del Prop sin inconvenientes. Con todo, algo menos de una hora después de empezar la protesta, la Policía Local cortó las cadenas sin más tensiones. Después Llanos entró en el edificio público y solicitó por escrito una reunión con el secretario autonómico de Dependencia, Joaquín Martínez. Su intención es seguir protestando hasta ser recibida.

En Valencia, representantes de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia se concentraron ante las dependencias de Bienestar Social de la calle de Colón en solidaridad con Llanos y en defensa de la "adecuada, urgente y justa" aplicación de la ley de Dependencia. Fuentes de Bienestar Social indicaron ayer a este diario que se ha reconocido la retroactividad de las ayudas que le corresponden a Llanos de mayo de 2008 a mayo de 2009, aunque aún no se han pagado. "Cobrará lo que le corresponde", apuntaron.

Fuente: El Pais.com

La otra cara del Estado de Derecho.

Estas y otras crudas realidades son las que encontramos en nuestros correos, más veces de las esperadas.

PRECISO VUESTRA AYUDA

Por Rosa Segrelles.

Supongo que para ello tendré que empezar por el principio, aunque no sé como...

Llevo muchos meses dedicada a mis padres de 84 años, sí son mayores y con muchos achaques principalmente mi madre, usuaria de silla de ruedas que es la portadora de mi distrofia, pese a que los médicos no estén de acuerdo yo estoy convencida que mucho de lo que desde hace años le ocurre, no es más que mi misma patología... de hecho, los cirujanos no se atreven a operarla de las caderas por este motivo o antecedente familiar.

Coincidiendo con el Congreso de Zaragoza, (al que acudimos en nombre de la ENIL) recibí una llamada telefónica de mi único hermano, para decirme que mi madre estaba en intensivos muy mal y que los Servicios Sociales de Valencia habían decidido enviarlos a los dos a un "Geriátrico", imaginaros mi indignación.. . inmediatamente puse patas arriba a todas las administraciones Valencianas.

Con la única solución que si mi madre salía del hospital, yo personalmente me hacía cargo de ella en mi domicilio y que mi hermano, (recién divorciado de mi cuñada por esta situación) se trasladaba a la casa de mis padres para hacer lo propio con mi padre, que no estuviera solo por las noches y el tiempo que mi hermano no trabajase.

Todo en evitación de que los "granjericen", pues ninguno de los dos lo desea.

Así llevamos dos meses en mi casa, mi madre sigue encamada, con muchos dolores, llagada y precisa ayuda para casi todo por lo que actualmente vienen del ayuntamiento a ayudarnos a las dos, el problema... el de siempre los fines de semana y festivos no existimos para la administració n, yo no puedo cambiarle el pañal ni asearla ya que básicamente es lo mismo que preciso.

Ahora resulta que como mi madre está valorada con grado 2, nivel 1, (valoración pendiente de revisión por agravamiento) dicen que no le corresponden los servicios y que lo mejor sería que yo me hiciera cuidadora informal, con lo que me darían 300€, de esto nada de nada que conozco el percal y si ya renuncie a formar parte de la LePrA, siendo grado 3, nivel 2 porque me quitaban parte de mi pensión de GI, no voy a consentirlo. .. otra opción es que mi hermano pague los servicios de otra persona para atender a mi madre... pero cómo? si justamente se ve en una situación económica muy precaria, con los gastos de la pensión que le tiene que pasar a su hija... esto es de locos, dicen que la constitución nos ampara en derecho pero solo si vas a una Residencia, no!!!

En fin me encuentro con tantos problemas... que solo puedo recurrir a mi familia, vosotras/os ya que creo mi cabeza no carbura nada bien o no pienso con claridad... asesorarme por favor, me estoy hundiendo y eso no me lo puedo permitir.

Gracias.

O Rafael de Lorenzo llega un poquito tarde, o es que no quiso llegar antes.

La ONCE, pesimista ante la implantación de la Ley de Dependencia

 

El secretario general de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), Rafael de Lorenzo, se ha mostrado hoy pesimista sobre el proceso de la implantación de la Ley de Dependencia a causa de la crisis económica, la coyuntura política y la realidad de cada autonomía.

Rafael de Lorenzo, que ha ofrecido la conferencia de clausura del máster "Dependencia e Igualdad en la Autonomía Personal" de la Universidad de Jaén, ha realizado un análisis crítico sobre la implantación de la Ley de Dependencia.

Ha explicado que el modelo que se ha seguido, al no estar acogido a la Seguridad Social, "es ingobernable, ya que en realidad son 18 sistemas de protección muy dispares, heterogéneos y cada uno con un ritmo".

Además, si ya "era difícil antes, ahora la crisis va a provocar un efecto devastador", ha añadido.

Según Lorenzo, otro problema de la Ley de Dependencia es que hace demasiado hincapié en el modelo "prestacional de atención a la dependencia, pero poco a la promoción de la autonomía de las personas, que se integran en la comunidad", según De Lorenzo.

Ha insistido en que la coyuntura política "no permite ningún tipo de pacto ni de consenso para reformular el modelo, y con los dos partidos mayoritarios que tienen gobiernos autonómicos y que están buscando cómo resolver su problema financiero lo que se está consiguiendo es perjudicar gravemente a los beneficiarios".

Para el directivo de la ONCE, hay que intentar "preservar lo que se ha conseguido y mejorar aquellos aspectos jurídicos que no tengan consecuencias económicas, porque si las tienen no se podrán hacer".

Limosna retirada, ya no es limosna, ni es nada. Los efectos de una ley mal planteada y mucho peor aplicada.

El calvario de Lolina

La madre de Miguel Ángel Suárez pleitea con el Gobierno de Canarias para que reconozca la ayuda a la dependencia que padece su hijo

 

Miguel Ángel Suárez Rodríguez, postrado en la cama, posa con Lolina, en su casa de Tenteniguada, ayer. i LUIS DEL ROSARIO 

LILI QUINTANA DÍAZ Voz rota, gritos en silencio y llantos sin lágrimas acompañan día a día a Lolina Rodríguez Cruz en su casa de Valsequillo. El Gobierno canario aún le pone trabas a la ayuda de la Ley de Dependencia para su hijo Miguel Ángel

Vacía, cansada, frustrada, harta de papeleo, sin fuerza, sin dinero para sobrevivir y con un largo camino de trabas burocráticas. Es el testimonio de Lolina Rodríguez Cruz, una madre que hace tres años pidió la ayuda de la Ley de Dependencia para atender en su casa a su hijo Miguel Ángel Suárez Rodríguez, un gran dependiente de grado tres y nivel II.

Desde su humilde casa en el barranquillo del Agua, en Tenteniguada (Valsequillo), Lolina, de 52 años, reclama la prestación económica que el Gobierno de Canarias le aprobó el 25 de febrero de 2008 para cuidar a Miguel Ángel en el entorno familiar. Posteriormente se la retiró en octubre de ese año por estimar que la asistencia de su hijo al CAMP San José de Las Longueras (Telde) no le daba derecho a percibir dicha ayuda. En la actualidad, el caso está pendiente de resolución en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La precaria situación económica de los cinco miembros de la familia (Miguel, Lolina, Miguel Ángel, Rita y Guiti) Suárez Cruz se ha visto empeorada por la crisis, ya que todos sus miembros se hallan en paro, y sin apenas dinero para adquirir la comida especial, las cremas y los medicamentos que necesita el joven.

"Nosotros podemos comer un caldo de papas o nada. Pero el niño come cada tres horas. Fíjate, doce botellas cuestan 100 euros y sólo duran seis días. Es muy triste llegar al hospital con sólo 25 céntimos. Gracias al personal de urgencias que me ha dado zumos y galletas para aguantar durante los días de ingreso, que si no..."

Fuente: La Provincia.es

La integración oculta

 

Publicado en Boletín Mensual COCEMFE Alicante

Somos los padres y tutores legales de David, un menor escolarizado en el Colegio Público“LA PAZ” de Callosa del Segura que padece un grado de discapacidad física del 70%. A través de este espacio queremos exponer la situación real que nuestro hijo esta viviendo en un supuesto colegio de integración, y le llamamos así “supuesto”, porque desde el inicio de la escolarización de nuestro hijo, no hemos podido ver la supuesta integración de la que tanto presumen los centros escolares.

Son muchas las carencias que tiene este Centro escolar, pero la más grave es la desatención que le prestan a las necesidades de nuestro hijo. Nos referimos principalmente a la falta de monitores y educadores que acompañen al menor tanto en las horas lectivas como en excursiones, recreos, etc.

La falta de profesionalidad y adaptación de determinadas asignaturas como “Educación Física” o funciones de fin de curso, incrementan el aislamiento social del menor y entorpecen su desarrollo escolar, personal e incluso físico.

Los últimos acontecimientos que han puesto fin a nuestra paciencia y la necesidad de hacer público nuestro reclamo como derecho del menor, fue la respuesta recibida por parte del Director del colegio de David. En el consejo escolar celebrado el seis de mayo, se decidió por votación del Claustro de profesores que después de llevar la educadora tres días de baja, los niños con discapacidad dependientes deberían dejar de asistir a clase por falta de personal que los atendiera.

Ante la reacción de los padres del Consejo y los representantes del A.M.P.A, el Director retiró tal barbaridad, pero insistieron en que si las continuas bajas de la educadora no se sustituían, esta medida tan desafortunada tendría que ver la luz, ya que el resto de profesores no pueden estar siempre realizando las funciones de esta educadora.

Nuestra respuesta inmediata fue acudir a los medios de comunicación, apareciendo en prensa, radio y televisión. Como resultado inmediato, nos llamaron desde el Departamento de Inspección de la Consellería de Educación, habiendo realizado las gestiones oportunas para suplir la baja de la educadora.

Además nos hizo conocedores del requerimiento que había emitido para solicitar la jornada a tiempo completo para dicha educadora, ya que hasta el momento presta servicio en varios centros escolares, y a nuestro hijo solo lo atiende durante dos horas y media a la semana.

Acto seguido el Ayuntamiento de Callosa puso a disposición de nuestro hijo una educadora social para que le atendiera durante la baja de la educadora del centro, pero el Director del colegio le negó el paso al mismo por no ser personal docente.

Nuestra conclusión, después de todo lo vivido, es que la dirección del Colegio Público “LA PAZ” no quiere niños que le generen “problemas”, pero continuamos sin entender qué es realmentelo que les molesta de nuestros hijos.

Un colegio de integración, según entendemos, trata de ayudar a niños con limitaciones para que se sientan, en la medida de lo posible, en igualdad con sus compañeros y reciban una misma educación.

Los padres estamos cansados de luchar por los derechos de los menores, no somos policías ni vigilantes de sus funciones, por Dios, sólo son NIÑOS. Ya es bastante duro el camino que nos ha tocado seguir, en primer lugar a los niños y en consecuencia a los familiares. Exigimos que la integración que tan bonita venden en los discursos sea real, que nos dejen de engañar, porque los principales perjudicados son los menores.

En cuanto a Inspección, nuestra queja es bastante clara, la dejadez que hay en estos casos especiales, siendo deber de ellos ayudar a eliminar tanto las barreras físicas de los centros, como a realizar un buen trabajo tanto docente como psicológico.

Ya está bien de tanto corporativismo, que los cargos con responsabilidad tienen la obligación de MOJARSE y actuar en consecuencia.

En septiembre volveremos a retomar el tema donde ahora lo dejamos y siguiendo la línea con la que hemos empezado, el bienestar de nuestro hijo sin que se falte a sus derechos, como bien le ampara la Ley.

Fuente: Plataforma en de defensa de la Ley de Dependencia Alicante

Sin prestación y con coacción, así se manifiesta la ética política y administrativa

 

Una niña espera la ayuda de la dependencia

un año porque la consellera no firma los

papeles

Los padres de la pequeña de 7 años de Ontinyent iniciaron hace tres años las gestiones pero el expediente sigue paralizado en Bienestar Social

 

Una niña espera la ayuda de la dependencia un año porque la consellera no firma los papeles  perales iborra

RUTH TOMÀS ONTINYENT
Mara es una niña de siete años que no para quieta. Constantemente reclama la atención de sus padres, Miguel Ángel Orquín y Natalia Bartolomé, para que la acompañen donde pide ir, para que la escuchen o para detenerla en alguna de sus "incansables" acciones. Lo hace a través de señas y gestos, no habla. Mara nació con una cromosomopatía, una alteración genética del cromosoma 15 que le deriva en una especie de autismo. Tiene reconocida una dependencia del grado 3, el máximo reconocimiento. Es una "gran dependiente" y sus padres solicitaron una ayuda que le fue aprobada hace más de un año y que todavía no ha recibido.

Miguel Ángel y Natalia explican que hace tres años iniciaron los trámites para acogerse a la Ley de Dependencia. Se dirigieron primero al Prop y siguieron después en el Servei Municipal de Dependència de Ontinyent, donde viven. Tras presentar toda la documentación requerida, el 21 de mayo de 2009 la conselleria de Benestar Social reconoció a Mara como gran dependiente con grado 3 y nivel 1 -tal como figura en su expediente VA54025- y les propuso el Plan Individual de Atención (PIA).

Mara recibió una propuesta de ayuda de 415 euros "que todas las partes aceptamos. Tanto nosotros, como el Servei Municipal y la conselleria estuvimos de acuerdo con la propuesta y la aceptamos", señala Miguel Ángel. En septiembre de 2009 "firmamos la propuesta, que ya habíamos aceptado en mayo", prosigue el padre de Mara, quien afirma que "desde entonces no hemos percibido la ayuda ni sabemos nada del expediente. Sabemos que sólo falta la firma de conselleria, que deja pasar el tiempo por su interés".

Los padres de la niña manifiestan que el expediente "está paralizado desde hace más de un año sin motivo aparente. Hemos llamado muchas veces a la conselleria preguntando por el expediente de Mara [VA54025] y nos dicen que lo tienen en cuenta, pero no vemos que hagan nada", reprochan.

Reclamación tras reclamación

Miguel Ángel y Natalia han reclamado al Servei Municipal de Dependència de Ontinyent, que "se desvinculan del problema", lamentan. Han recurrido al Síndic de Greuges y al Defensor del Pueblo. E incluso han pensado acudir a la vía judicial "pero nos dicen que si vamos a los juzgados se paraliza el expediente y tendríamos que esperar aún más. Nos tienen coaccionados", critica el padre, que se pregunta si "es necesaria la justicia para que se cumpla lo que la ley dicta".

Fuente: Levante-emv.com

Una de hiel y otra de miel.

CGPJ advierte de que "la discapacidad es

cara" y se muestra preocupado por que el

colectivo se vea afectado

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El presidente del Foro Justicia y Discapacidad y vocal del CGPJ, Pio Aguirre, ha advertido de que "la discapacidad es cara y preocupa que los recortes que se anuncian desde el Ejecutivo afecten a este colectivo en su totalidad", en una entrevista a diariojuridico.com recogida por Europa Press.

   En este sentido, Aguirre ha señalado que la crisis "va a suponer un freno importante" para el desarrollo de la Ley de Dependencia y los avances que se estaban efectuando en los últimos años. "Nosotros estamos hablando con la Administración para que reconozca a la discapacidad como un derecho social importante, de esta forma esperamos que sea lo último donde lleguen las reducciones anunciadas, esa es parte de nuestra lucha", ha apostillado.

    En cualquier caso, ha afirmado que en España hay "muy buenas leyes en estos momentos", ya que tanto la Ley de Dependencia, como la de Accesibilidad o la de Patrimonio Protegido son normas "bastante bien configuradas". Otra cosa, ha puntualizado, es que "por las circunstancias que vivimos no se puedan cumplir todas".

   Asimismo, ha indicado que no cree que exista "ningún país europeo por encima de la actividad española en materia de discapacidad". Por lo tanto, ha concluido que "aunque es posible que otros países puedan dedicar más recursos, el contexto legal de España no tiene que envidiar a ninguno de los países vecinos".

   Por último se refirió a los proyectos del Foro Justicia y Discapacidad para los próximos meses. Así, ha manifestado la intención de publicar un informe sobre la accesibilidad a la justicia por parte del discapacitado, que pretenden hacer coincidir con los premios de su entidad, en los que galardonan a aquellas empresas, instituciones o profesionales cuya actividad ayuda a fomentar la integración de este colectivo.

Las vergüenzas del PP en la CV son imparables.

 

'La Fiesta Naranja' reclama al Consell una

buena aplicación de la Ley de Dependencia

14.06.10 - 01:06 - C.M.A. | ELCHE.

La Rotonda del Parque Municipal se tiñó ayer de naranja con la fiesta reivindicativa que la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de Elche, organizó con el fin de exigir a la Generalitat Valenciana que cumpla con los plazos para la puesta en marcha de dicha ley. Sobre todo pensando en todos aquellos grandes dependientes que la solicitaron hace tres años y que siguen a la espera.

La iniciativa obtuvo una buena respuesta por parte de los ilicitanos. El alcalde, Alejandro Soler, acompañado por varios ediles, entre ellos la concejala de Bienestar Social, Vicenta Pérez, se sumó a la 'Fiesta Naranja' para mostrar el respaldo del equipo de gobierno municipal.

En su intervención, aseguró que «estamos aquí para exigir a la Generalitat que la Comunidad Valenciana deje de estar a cola de España en la aplicación de la Ley de Dependencia». Consideró que es «una vergüenza» el trato que, como aseguró «el gobierno del PP está dando a los miles de dependientes de nuestra comunidad y de Elche», y recordó que «hay más de 800 personas que están esperando una resolución desde el año 2007 y desde el 2008».

Las principales reivindicaciones de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de Elche pasan por la valoración de forma inmediata de «los centenares de expedientes de Elche» presentados desde 2007 y que aún no han recibido respuesta, así como la aplicación de la retroactividad a la hora de reconocer las prestaciones económicas a los grandes dependientes, como se está haciendo en el resto de autonomías.

Derogación

Del mismo modo, que se derogue el decreto -se incide en que la Comunidad Valenciana es la única que lo tiene-, por el que se hacen incompatibles algunas prestaciones con otras y que discrimina a los dependientes de la Comunidad Valenciana respecto al resto de España.

En Elche, según los datos facilitados por el Ayuntamiento, hay más de 7.000 dependientes, 4.670 solicitantes de ayudas y sólo 539 solicitudes atendidas. Más de 800 personas han fallecido esperando recibir esta ayuda y quedan sin resolver 800 solicitudes del 2007 y del 2008.

La fiesta contó con la representación del espectáculo 'Danza del sur' y de 'Rokuro Kubi', así como de la obra 'La meua sogra s'ha perdut', a cargo del grupo Asprella Teatre.

Fuente: La Verdad.es

Hasta que Vara no aplique la vara y depure responsabilidades le lloverán negligencias, por docenas más que a pares.

Extremadura suspende en la ley de dependencia

Extremadura, con una puntuación de 3,5 sobre 10, suspende en la aplicación de la Ley de Dependencia, según las conclusiones del VI dictamen del Observatorio de la Dependencia, difundido ayer por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En el anterior examen semestral también recibió un suspenso. Canarias (0,5 puntos sobre 10), Madrid (2) y la Comunidad Valenciana (2) continúan a la cola en lo que a la aplicación de la Ley de la Dependencia se refiere, mientras que en cabeza se colocan Castilla-La Mancha, País Vasco, Castilla-León y Aragón, todas ellas con 8,5 puntos.

Las tres comunidades con menor puntuación "continúan empeñadas en privar a sus ciudadanos de los derechos que les reconoce" la legislación, sentencian las conclusiones del dictamen. Tras Canarias, Madrid y Valencia también suspenden Extremadura, Ceuta y Melilla (gestionadas por el IMSERSO), Baleares y Murcia, todas ellas con 3,5 puntos.

Aprueba Asturias (5), y le siguen Cataluña (5,5), Galicia (5,5), Cantabria (6,5), Navarra (7), La Rioja (8) y Andalucía (8).

En general, el informe constata una mejora en la implantación de la Ley que pasa de una puntuación media de 4,97 puntos en enero a 5,44 en junio.

La evaluación tiene en cuenta factores como el número de solicitudes, dictámenes y beneficiarios sobre el total de población, personas con derecho aún pendientes de prestación o servicio, integración efectiva en la red local de servicios sociales o alta de los cuidadores no profesionales en la Seguridad Social. Además el informe destaca que continúa produciéndose un número "muy elevado" de solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia, unas 40.000. También pone de manifiesto el hecho de que 242.000 personas siguen en el denominado "Limbo de la Dependencia" (personas que tienen reconocido el derecho a una prestación económica o servicio y que todavía no recibe).

En número absolutos, 331.000 personas reciben la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, frente a sólo 75.000 que reciben servicios profesionalizados de Ayuda a Domicilio, o 37.000 en Centros de Día.

Fuente:  El periódico de Extremadura

De lo que en Asturias no se da en Valencia se aprovechan.

 

PSPV denuncia complicidad Ayuntamiento-Generalitat para frenar la aplicación de la Ley. 

Valencia, 9 jun (EFE).- El grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia ha denunciado hoy que el Consistorio es "cómplice" de la "obstaculización", "freno" y "deterioro" que hace la Generalitat de la aplicación de la Ley de Dependencia, ya que en la ciudad solo uno de cada cinco solicitantes tiene reconocido el derecho a esa ayuda.

Así lo ha asegurado hoy el concejal socialista Julio Such, quien ha ofrecido una rueda de prensa junto a la portavoz de la Asociación Valenciana de Dependientes y Cuidadores (AVADEC), Palmira Castellano, quien también ha criticado la "falta de complicidad" del Ayuntamiento en la aplicación de la normativa Según Such, el número de solicitantes de la Ley de Dependencia que hay en la ciudad de Valencia, a fecha 19 de abril de 2010, es de 12.391, de las cuales hay 3.921 pendientes de una valoración del entorno y 8.470 han sido remitidas a la Conselleria de Bienestar Social.

Del total de solicitudes, solo hay 2.375 resoluciones de Programas Individuales de Atención (PIA), lo que significa, según ha destacado Julio Such, que "solo uno de cada cinco solicitantes tiene reconocido el derecho y quedan 10.016 pendientes de una resolución del PIA".

"La progresión en los últimos años es la misma, no acaba de arrancar y el Ayuntamiento es cómplice con la Generalitat en la obstaculización de la aplicación de la ley", ha denunciado Such, quien ha indicado que "como mínimo" deberían tener las resoluciones PIA entre el ochenta o el noventa por ciento de los solicitantes.

En la ciudad de Valencia hay alrededor de 40.000 personas con algún tipo de dependencia, por lo que según sus cálculos "a estas alturas deberían haber unas 17.000 personas recibiendo las prestaciones en la ciudad de Valencia".

Such también ha criticado la falta de plantillas en los centros municipales de servicios sociales, ya que existe un ratio de un trabajador social por cada 8.800 habitantes, cuando debe ser de uno por cada 3.000.

"El Ayuntamiento no se vincula de manera clara en aplicar la ley y tampoco le interesa dotar a los centros de más personal", ha dicho el edil socialista, quien ha agregado que a consecuencia de ello la aplicación de la normativa estatal en la ciudad de Valencia es "bajísima".

También ha denunciado que mientras en los últimos años el Ayuntamiento de Valencia ha destinado cerca de 700.000 euros en la eliminación de barreras arquitectónicas, el Gobierno ha invertido siete millones de euros.

Palmira Castellano, madre de una niña con una discapacidad del 95 por ciento, ha señalado que a su juicio la falta de aplicación de la Ley "no es una cuestión económica, sino de deseo de aplicación" de la misma, y ha señalado que los expedientes tardan en resolverse entre año y medio y dos años cuando la legislación marca un máximo de 6 meses.

Castellano ha denunciado algunas "ilegalidades" cometidas en Valencia, como el hecho de que algunas personas hayan sido valoradas en los propios centros de Día, cuando deben serlo en sus domicilios familiares, y que las resoluciones hayan sido mandadas a estos centros y no a sus casas.

También ha criticado que el Servicio de Ayuda a Domicilio solo ha llegado a una persona, y que existe incompatibilidades, ya que si una familia tiene una plaza en un centro de día no puede tener además ayuda domiciliaria y debe optar por una de las prestaciones.

EFE

Una crisis de sistema que seguirá atacando en detrimento de quienes más lo están necesitando.

Los efectos del recorte Las negociaciones.

IU acusa al PSOE de retrasar la ley de

dependencia a propósito

Martín afirma que Migoya paraliza la renovación de diez contrataciones.

10/06/2010 PABLO ZARIQUIEGUI

RD Doce meses de media, con un intervalo de entre seis y 18. Es el tiempo que esperan los asturianos para la tramitación de las prestaciones correspondientes a la ley de dependencia. La Consejería de Bienestar Social alertó ayer de que estos tiempos empeorarán, y mucho, tras el cese, previsto para e 14 de junio, de diez trabajadores que se encargan de llevar a cabo los trámites.

Lo que subyace, en el fondo de la cuestión, es un nuevo conflicto entre los dos socios de Gobierno. Izquierda Unida, que dirige la Consejería de Bienestar Social, acusa abiertamente a la Consejería de Administraciones Públicas, en manos del PSOE, de frenar voluntariamente el desarrollo de la ley de dependencia. El mecanismo es sencillo de entender. Y es que, pese a que Bienestar Social lleva el peso en la aplicación de la ley de dependencia, Administraciones Públicas tiene las competencias sobre el personal. Si no se renuevan los contratos en vigor --sostiene Bienestar-- los plazos serán aún más largos.

La no renovación de los contratos encaja dentro de la política de ajuste emprendida por el Ejecutivo autonómico. La consejería que dirige Noemí Martín considera, por decirlo de una manera burda, que la parte socialista del Gobierno, con su negativa, mata dos pájaros de un tiro. Primero, porque se ahorra los sueldos de los diez trabajadores. Y, segundo y más importante, porque al retrasar el reconocimiento de la dependencia no tiene que hacer frente, al menos de inmediato, a sus costes. Bienestar Social lo dice más claro. "La medida afecta directamente a las políticas sociales". Y este segundo punto es, precisamente, el grueso del problema. El departamento de Noemí Martín señala, de hecho, que su consejería tiene presupuesto para hacer frente a las renovaciones. Y añade que la consejera ha enviado hasta cuatro peticiones por escrito a Administraciones Púbicas sin que haya servido para desbloquear el tema.

La reacción de Bienestar Social se produce tras salir a la luz la denuncia formulada por el sindicato de funcionarios CSIF. Su Secretario de Acción Sindical, Juan Gavira, afirma textualmente que el PSOE está "torpedeando" o "bloqueando" el pago de las ayudas y prestaciones de la ley de dependencia. Gavira recuerda que el próximo 14 de junio está previsto rescindir los contratos de 10 empleadas --cinco auxiliares y cinco administrativas-- encargadas de la tramitación de las prestaciones de la dependencia. Realizan la valoración económica, resoluciones, notificación a las áreas territoriales, altas a la Seguridad Social de los cuidadores...

CSIF coincide con Bienestar Social en que estos ceses provocarán un retraso de muchos meses en el cobro de las prestaciones de dependencia, acumulado al ya existente. El sindicato de funcionarios considera que la situación es más grave, si cabe, dado el anuncio del Gobierno central de suprimir la retroactividad en el pago de las prestaciones. CSIF interpreta que los dependientes nunca recuperarán los retrasos e incluso fallecerán sin haber recibido las prestaciones sociales o económicas. CSIF lamenta que las diferencias políticas entre miembros del mismo Gobierno acaben afectando a servicios básicos.

Fuente: La voz de Asturias

Cansados de esperar

Los alicantinos salen a la calle por la aplicación de la ley de Dependencia

 

Los asistentes destacan el funcionamiento de la normativa en otras comunidades, mientras critican la apuesta por los grandes eventos en la Comunitat

06.06.10 - 00:24 - J. COLOMA

• Sólo pedimos que se cumpla una ley votada en el Congreso», afirma la plataforma de Sax

ALICANTE. Cuando faltaban pocos minutos para las 7.00 de la tarde, varias asociaciones, plataformas, partidos políticos y ciudadanos a título personal comenzaban a concentrarse en torno al cruce entre la rambla de Méndez Núñez y La Explanada de Alicante para manifestarse y exigir la aplicación de la ley de Dependencia en la Comunitat.

Un conjunto de percusión, formado por aproximadamente 25 músicos, acompañó a los asistentes durante todo el recorrido hasta el edificio PROP. El acto convocado por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia congregó a cientos de asistentes (300 según la Policía y varios centenares según la organización), que sostenían pancartas con consignas como 'No a los recortes sociales', 'Tres años de boicot' o 'Tots i totes podem ser dependents'.

El portavoz de la plataforma de Sax, Lorenzo Olivares, explicó que «lo que pedimos simplemente es que se cumpla una ley votada en el Congreso y en el Senado. Hay que seguir luchando, también para que la ayuda sea compatible con la asistencia a centros», a lo que el portavoz de la plataforma de Elda-Petrer, Roberto Olivares, añadió que el aplazamiento en cinco años de las retroactividades pendientes es «un paso atrás».

En este sentido, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en Alicante, Roque Moreno, apuntó que el plazo máximo de seis meses para la tramitación de la solicitud contemplada en el nuevo Decreto, «desde el punto de vista de la efectividad, será muy beneficiosa». Asimismo, calificó como «verdadera vergüenza que los ciudadanos tengan que salir a la calle para que se cumpla una ley que lleva tres años en marcha».

Desde Vecinos por Alicante, José Luis Valdés destacó «la hipocresía y la complicidad entre PP y PSOE. Es una vergüenza este boicot a las ayudas a gente necesitada. Les están dando una bofetada». De otro modo, el portavoz de Compromis, Nacho Bellido, declaró que «el estado de bienestar en la Comunitat Valenciana hace aguas».

Afectados por la gestión

Muchos de los asistentes a la manifestación eran personas afectadas directamente por la gestión de la ley de Dependencia. Gregorio, un ciudadano con una persona dependiente a su cargo, contó que solicitó la ayuda «hace año y medio, todavía no han contestado ni hemos recibido ninguna visita», aseguró este manifestante, quien añadió que «sólo sueltan un duro para grandes eventos como la Fórmula 1, gastan el dinero de los demás». Otro caso similar es el de Carmen, madre de un niño valorado como dependiente severo, que espera la resolución de la solicitud desde hace 27 meses.

Fuente: Las Provuncias.es.

Cansados de esperar

 

Los dependientes exigen a Camps que cumpla la ley

R. B. - Alicante - 06/06/2010

Al ritmo de batucada se abrió paso ayer por la tarde por la Rambla Méndez Núñez de Alicante una marcha en la que varios cientos de personas exigieron que el Consell de Francisco Camps aplique la Ley de Dependencia, aprobada en 2006. Con una pancarta en la que se podía leer Ya hace más de tres años.... cansados de esperar, la Plataforma en Defensa de la Aplicación de la Ley de Dependencia encabezó una animosa protesta que secundaron representantes de la izquierda, como el portavoz socialista en Alicante, Roque Moreno, o Miguel Ángel Pavón, alcaldable por EU, y también de CC OO y UGT, encabezados por sus secretarios generales en Alicante, Consuelo Navarro y Óscar Llopis, respectivamente.

En la Comunidad Valenciana se han presentado 106.183 solicitudes desde 2007. Solo 34.000 dependientes reciben ayuda. Muchos aún esperan respuesta.

Fuente: El País.com