No confundamos, consellera

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NEUS CABALLER - Valencia - 21/09/2009
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Fuente: Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana
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La situación de las personas dependientes en la Comunidad Valenciana es realmente lamentable. No sabemos qué se está haciendo con los 250 millones de euros que el gobierno central ha transferido a la comunidad para cubrir esta urgente necesidad social.
Sin embargo, sí sabemos que en esta Comunidad tenemos una Ciudad de la Luz -en la cual se han gastado cifras enormes en su creación y en las infraestructuras del entorno- para rodar películas, aunque no sabemos nada respecto al número de puestos de trabajo ni al dinero que genera, ni tan sólo si compensa esta inversión a largo plazo.
También tenemos maravillosos circuitos para carreras de moto, gastamos 2.000 millones de las antiguas pesetas para la visita del Papa (que venga el mismo Jesús y lo vea) y disponemos de instalaciones estupendas para que los veleros más suntuosos y que el personal de élite puedan competir.
Por fin queda la joyita de la corona, nuestra ruinosa TERRA MITICA, un espacio lúdico supuestamente pensado para generar dinero en esta comunidad, pero que hasta ahora nos ha costado a todos montones de dinero. Es muy probable, que en algún momento esos terrenos acaben en manos de constructores que intentarán “ayudar a crear puestos de trabajo”, para seguir ampliando la mole de cemento que rodea Benidorm.
Pero seguimos sin respuesta para aquellos que más lo necesitan. Para quienes cada día supone una lucha constante generar esos medios para sobrevivir o convivir con una enfermedad crónica o una discapacidad. Para quienes ven reducidas sus vidas al cuidado de un enfermo, sin ninguna expectativa más y sin posibilidades de llevar una vida profesional, con todos los beneficios que ello supone.
Los enfermos, los familiares y todos aquellos voluntarios que participan en la gestión de estos problemas, son los que están cargando en primera fila con el peso de La Ciudad de la Luz, Terra Mítica, circuitos de motos, competencias de veleros y visitas papales.
Para más inri, en el uso de las competencias delegadas, el parlamento valenciano ha sacado un decretazo a través del cual, una vez concedida la dependencia, cuando por fín llega si se sobrevive a ese largo periodo de espera, se pagará sólo a partir de la fecha de concesión y no de la fecha de solicitud como está pasando en el resto del Estado.
Sr. Camps… sabemos que no se sonroja, pero… ¿no se le ocurre pensar que cuando ya deje el cargo y vuelva a ser un ciudadano más -que algún día sucederá-, cuando vaya por la calle, más de un dedo -entre ellos estará el mío- le señalarán diciendo “Este hombre dejó que mi madre, o mi padre, o mi hija muriera sin los cuidados que necesitaba y se merecía”? ¿Qué explicación como ser humano le dará a sus propios hijos o nietos?
Rectifique Sr. Camps, que es de sabios, aunque en su caso sólo serviría para devolver la dignididad y los cuidados de muchos desamparados.
El diputado socialista en las Cortes Valencianas Manuel Mata afirmó hoy que el Gobierno valenciano “se burla” de las personas dependientes y de los grandes inválidos al tardar más de cuatro años en proporcionarles las ayudas a las que tienen derecho por ley como constata el hecho, dijo, de que “tras 250 millones de euros trasferidos desde el Gobierno de España y de que 50.000 personas tuvieran derecho a la prestación, sólo 27.000 hoy estuvieran en condiciones de percibirla”.
Mata mantuvo hoy una reunión con la Asociación Valenciana de Dependientes y Cuidadores (Avadec), Palmira Castellano, para analizar la situación de este colectivo y especialmente de los 25 afectados que recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, con el apoyo jurídico del grupo socialista, su situación por el “bloqueo” de las ayudas establecidas en la Ley por parte del Gobierno valenciano.
Así, estos 25 afectados solicitaron en mayo de 2007 el reconocimiento de su dependencia para percibir las ayudas pero pasado un año aún no habían recibido contestación con lo que, unido al cambio de criterio del Consell por el que el silencio administrativo en lugar de considerarse positivo se cambiaba a negativo, no sabían si sus reclamaciones habían sido aceptadas.
Ahora el recurso está listo para sentencia y Mata recalcó que a la vista de cómo evoluciona el pleito “va a ser que nos van a determinar que la gente es dependiente a los seis meses de que hayan cursado la solicitud, que tienen derecho a la prestación desde esa fecha y que además tienen que ser indemnizados por los daños morales que el retraso les supone”.
En ese sentido, destacó que el pleito ha servido para hacer un seguimiento de cada una de las situaciones y se ha constatado que el Gobierno valenciano “se burla” de las personas dependientes, de los grandes inválidos y de los que tienen graves enfermedades porque “tardan más de dos años en decirles que son dependientes, otro año en decirles qué les correspondería y otro más en proporcionarles estas ayudas” con lo que cuando al fin les llegan “lamentablemente muchos han fallecido”. Por contra, evidenció que la calidad de vida de estas personas “cambiaría muchísimo” si recibiera la prestación.
Por su parte, la presidenta de la Asociación, Valenciana de Dependientes y Cuidadores (Avadec), Palmira Castellano, mostró su “indigación” pues, dijo, desde que se aplica la ley en la Comunitat “sabemos que no estamos al mismo nivel del resto de las Comunidades” ya que “aquí se están cometiendo una serie de escándalos que hacen que tengamos menos derechos”, se lamentó.
Por ello, manifestó la necesidad de una mayor implicación de la Justicia en la defensa de sus derechos ya que el Colegio de Abogados de Valencia, pese a sus reiteradas peticiones, no les brinda los abogados del turno de oficio que requieren pese a que “no debería ser necesario discutir cuando es un dependiente”.
Al respecto, dijo no entender por qué se prolongan “tantísimo” los plazos, lo que supone “un incumplimiento manifiesto” de la ley, así como el no cumplimiento de la retroactividad o el que no se reconozca la compatibilidad de recursos como en otras comunidades, entre otros aspectos. “No queremos sentirnos ciudadanos de segunda”, proclamó.
CIFRAS REALES
Castellano reclamó conocer las cifras “reales” de dependientes y cuestionó en ese sentido las que aporta la Conselleria de Bienestar Social en las que en septiembre “hablaban de 40.000 solicitudes, lo que les valía para afirmar que aplican la ley en un 90 por ciento de los casos, cuando desde esta asociación se tiene conocimiento de que hay más de 120.000 expedientes“.
“Se está muriendo mucha gente, hay muchas quejas y se está creando un servicio doble que, en lugar de beneficiar al interesado ,está provocando un despilfarro de los recursos que no llegan a la persona que lo necesita”, criticó Castellano, quien añadió: “están destruyendo una cosa que funcionaba para montar otra que no sabemos aún si va funcionar”.
En ese sentido, mostró su oposición a la voluntad de un cambio administrativo ya que ello supondría “atascar la tramitación” al principio del proceso con el propósito de que “se presenten menos solicitudes” ya que se les exigirá una serie de informes que “se tardarán en reunir por el atasco de los servicios municipales”. Por ello, concluyó: “la mejor solución es a través de los tribunales”.
Fuente: AVADEC
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El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, valoró hoy el "interés" de la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, por resolver los asuntos pendientes en un campo como el de la Ley de Dependencia "sobre el que se hace tanta demagogia cruel, ignorando que el 70 por ciento de la dependencia lo pagan las comunidades autónomas", según informó hoy en un comunicado la institución.
ALICANTE, 26 (EUROPA PRESS)
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, valoró hoy el "interés" de la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, por resolver los asuntos pendientes en un campo como el de la Ley de Dependencia "sobre el que se hace tanta demagogia cruel, ignorando que el 70 por ciento de la dependencia lo pagan las comunidades autónomas", según informó hoy en un comunicado la institución.
El Síndic de Greuges y Angélica Such se reunieron hoy en la sede de la institución para estudiar la situación de las quejas tramitadas por el Síndic sobre la Ley de Dependencia.
En la entrevista, se puso de manifiesto la política de "puertas abiertas" ofrecida por Angélica Such al Síndic de Greuges, así como su deseo de "intensificar las relaciones" entre la Institución y la Conselleria.
Por ello, Cholbi valoró el "interés" de la consellera por resolver los asuntos pendientes en un campo como el de la Ley de Dependencia "sobre el que se hace tanta demagogia cruel, ignorando que el 70 por ciento de la dependencia lo pagan las comunidades autónomas".
Por su parte, Such adelantó a José Cholbi la salida de un decreto, en el mes de enero del próximo año, en el que se reducen de forma considerable los trámites para solicitar las ayudas. Los trámites permitirán atender primero a los más necesitados, que son quienes no reciben ningún tipo de ayuda.
Tanto Cholbi como Such insistieron en el objetivo común que mueve a la Sindicatura y a la Conselleria de Bienestar Social, que es el de "servir al ciudadano y resolver las demandas que lleguen desde las capas más desfavorecidas", apuntó.
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Juan Hernández Vicente
Tengo a mi esposa María Araceli Yáñez Cancio, de 83 años de edad, que padece la enfermedad de Parkinson desde 1996, con valoración de la situación de dependencia, cuyo resultado es de 84 puntos, lo que equivale a una dependencia de grado 3, nivel 1. Esto fue valorado con los certificados de los doctores especialistas. Estos certificados fueron presentados con la solicitud de fecha 16 de mayo de 2007 y el 16 de octubre de 2009 se cumplen 29 meses y aún no hemos visto ni un céntimo de euro, cuando en Murcia, Andalucía, Cataluña, etcétera, pagaron las primeras solicitudes a los dependientes a los 18 y 19 meses y después están pagando a los 8 a 10 meses, desde la fecha que la solicitaron. A los que han muerto también las cobran los familiares que los cuidaban, pero en estas comunidades no les gustan los chorizos, mejor las frutas y verduras.
En la Comunidad Valenciana parece que somos africanos, y somos españoles, y no quiero ni un euro más ni menos que los demás dependientes españoles, y mientras no sea así pelearé hasta conseguirlo, porque la mayor parte del dinero que entra en la caja del Estado es de los pobres, y muchas personas dependientes estén abandonadas, despreciadas, humilladas y lo más grave, olvidadas al filo de la muerte. En estos casi tres años de la Ley de Dependencia han muerto sobre 11.000 sólo en la Comunidad Valenciana sin ver ni un euro.
Señor Camps: se le ve a usted muy sonriente y contento saludando al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, don Juan Luis de la Rua. Dios quiera que esa amistad y sonrisa sea para siempre por ambas partes. Usted, como presidente de la Comunidad Valenciana alardea demasiado con que los ciudadanos valencianos son los más protegidos con los parados y con los servicios sociales. Esto no se lo cree ni el más tonto del pueblo.
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EFE / INFORMACION.ES
Según ha explicado a Efe el abogado de los demandantes, David Gandía, el letrado de la Conselleria de Bienestar Social ha puesto en entredicho la competencia objetiva y territorial de la titular del juzgado administrativo número 1 de Alicante.
Si esa intención prospera, el asunto debería ser trasladado a un juzgado de lo contencioso-administrativo de Valencia o, en todo caso, al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).
Ante esta situación, la jueza ha decidido suspender la vista y pedir un dictamen jurídico que aclare si es competente en este caso, que podría estar en unos días.
La parte demandante es la familia de Ayeisa Méndez, de 27 años, que sufre parálisis cerebral de nacimiento y tetraplejia y que, con un grado de discapacidad reconocido por la Conselleria del 85 por ciento, actualmente es atendida por el centro de día de parálisis cerebral Infanta Elena, en Alicante.
La familia pide que le reconozca una discapacidad superior, el grado tres nivel dos con el fin de que sea atendida por la misma institución (Infanta Elena) pero no únicamente en horario de centro de día sino con una plaza de residencia (24 horas).
Según el abogado, el centro de día hace que la familia tenga que hacerse cargo a partir de las 17 horas los días laborales, todos los fines de semana, así como en las vacaciones de Navidad, Semana Santa y durante el verano.
Por ello, en su demanda plantean que si no hay plaza como residente, al menos la Conselleria sí sufrague los gastos económicos de mantenimiento de la joven dependiente durante las horas que excedan del servicio del centro de día.
En contra de la postura de la Generalitat, la familia ha argumentado ante la juez que la competencia objetiva para tratar este caso es del juzgado de Alicante porque el órgano que dicta la resolución sobre la Ley es la Conselleria que, aunque con sede en Valencia, tiene una dirección territorial con ubicación física en la ciudad.
Además, han recordado que la Constitución Española refleja la necesidad de que los poderes públicos apoyen a los dependientes, por lo que el traslado del juicio a Valencia sería una grave dificultad para esta familia, por la discapacidad de la joven.
Para la familia, al discutir la competencia de la juez la Generalitat únicamente busca "alargar el procedimiento" y dejar "totalmente abandonados" a la familia.
A la vista oral han acudido numerosos colectivos políticos y sociales de la ciudad para arropar a la familia, entre ellos miembros de la Plataforma por la Aplicación de la Ley de Dependencia, los sindicatos UGT y CCOO y los partidos PSPV-PSOE y EU, entre otros.
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Un juez celebra el viernes la primera vista oral por el caso de una joven paralítica.
Los dependientes están esperanzados. El juzgado de lo contencioso-administrativo número uno de Alicante celebra este viernes la primera vista oral por el caso de una joven con parálisis cerebral, que reclama desde abril del año 2007 los derechos contemplados en la normativa estatal.
Pese a que la familia se muestra escéptica con respecto a lograr una resolución favorable, se trata de la primera demanda en Alicante que, por el momento, no ha sido rechazada por el juzgado ya que otras denuncias anteriores han sido derivadas al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia alegando falta de competencia territorial, lo que está demorando aún más todo el proceso.
Ante la posibilidad de que la demanda prospere -lo que abriría las puertas a cientos de afectados- las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia están citando a los discapacitados para que se congreguen pasado mañana en las puertas de los juzgados y muestran su apoyo a la familia de Ayeisa Méndez, de 27 años, y con una discapacidad del 85%.
El padre de la joven explicó ayer que en verano de hace dos años solicitaron las ayudas para que su hija, -que acude al centro privado Infanta Elena, de lunes a viernes y en horario de nueve de la mañana a cinco de la tarde- recibiese los derechos recogidos en la ley.
Hartos de esperar durante año y medio y de no recibir una contestación de la Conselleria de Bienestar Social decidieron presentar la demanda, que posteriormente tuvo que ser ampliada ya que la administración reconoció un grado de dependencia inferior al que considera la familia. Es decir, el Consell le autorizó acudir a un centro, al que ya está asistiendo desde hace años, y no amplió las prestaciones.
«No tengo esperanzas», aseguró el padre, Javier Méndez, en referencia a la resolución que tomará el juez el próximo viernes. Aun así, «seguiré luchando por los que vienen detrás» y para que la administración «deje de torearnos».
Ayeisa necesita una asistencia las 24 horas al día que no se cubre sólo con el centro de día, y cuyo coste es sufragado en parte por los padres. La madre, que dejó de trabajar cuando se publicó la ley, ha tenido que volver al no solucionarse la prestación. «Conforme pasan los años, mi mujer y yo tenemos menos salud y me preocupa el futuro de mi hija», insistió Javier, quien quiere una plaza en una residencia o el servicio de un cuidador profesional o de un familiar que cubra las horas, fines de semana y vacaciones que no está en el centro. El problema, según el abogado de la familia David Gandía, es que ambos servicios son «incompatibles» en la Ley de Dependencia de la Comunitat. El letrado también se muestra escéptico y prevé que al final el caso se remita al TSJ de Valencia por incompetencia territorial. El objetivo será el juzgado de lo social.
Por otra parte, el Síndic de Greuges, José Cholbi, anunció ayer que tiene previsto mantener próximamente una reunión con la consellera de Bienestar, Angélica Such, para encontrar una solución a las quejas que se están recibiendo de familiares por el incumplimiento de la ley.
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Una vez más, y van..., el informe del Síndic de Greuges es demoledor con la Administración valenciana y su gestión de la Ley de la Dependencia, nada menos que el 47% de las quejas presentadas tiene que ver con la gestión ineficaz de una ley que supuestamente debería ser prioritaria para cualquier Gobierno que realmente fuera sensible a lo que pasa en las vidas cotidianas de sus ciudadanos. Sensible ante personas mayores que necesitan cuidados y que carecen de recursos para ello, familias, en plena crisis económica, que se están endeudando para pagar los gastos de una residencia, un centro de día o una cuidadora en el domicilio de personas dependientes que con la pensión que cobran les resulta absolutamente insuficiente para atender a sus necesidades.
Resulta extraña la forma en que, de manera reiterada, el Gobierno de la Comunitat acepta estos tirones de oreja del Síndic, sin sonrojo. El informe es una llamada de atención que no va acompañada de sanción, únicamente muestra la evidencia de incompetencia y falta de sensibilidad ante los temas que realmente preocupan a los ciudadanos. Sí, hay mucha costumbre entre la clase dirigente de utilizar «lo que preocupa a los ciudadanos» para despejar a córner cuando les hacen preguntas incómodas o molestas, pero difícilmente podrán justificar estos evasores de la responsabilidad que la dependencia y sus consecuencias no preocupan a cada uno de los más de 150.000 valencianos que la están sufriendo, a sus familiares, y a todas aquellas personas que nos parece que se debería poner toda la maquinaria de la Administración al servicio de aquellos que más lo necesitan y además lo pagan con sus impuestos, no es un regalo, una dádiva, estamos hablando de prestaciones de derecho que se están incumpliendo.
De momento, están anunciando esta falta de interés instituciones como el Síndic, pero seguramente no van a tardar en aparecer sentencias judiciales que, en este caso sí con sanción, condenen una mala praxis de los responsables del desastre por no atender debidamente aquello que realmente preocupa a los ciudadanos, y en este caso, la frase no es un latiguillo evasor.
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Levante-EMV.com » Comunitat Valenciana
EFE/LEVANTE-EMV.COM
La Sindicatura de Greuges recibió cerca de 4.000 quejas en 2008, la mayoría de las cuales estaban relacionadas con los retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia, según ha afirmado el titular de la institución, José Cholbi.
El Síndic, quien ocupa el cargo desde marzo, presentó el pasado vienes a la presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez, el informe correspondiente al año pasado, realizado bajo el mandato de su antecesora, Emilia Caballero, quien ocupó el cargo en funciones durante casi tres años.
Ha lamentado que el mayor número de quejas estén relacionadas con la Ley de Dependencia y ha instado a las Administraciones a acelerar las valoraciones a los dependientes, aunque también ha dicho comprender "la avalancha" de solicitudes que existen para percibir estas ayudas.
"Comprendemos la situación, pero recomendamos que haya mayor estímulo, trabajo y dedicación", ha insistido Cholbi, quien ha destacado que se trata de un asunto que afecta "a un gran número de personas, y a lo mejor no hay suficientes recursos económicos de las Administraciones para hacer frente a esa necesidad y urgencia".
Ha recordado que detrás de cada número "hay una persona" y "unos problemas", y ha mostrado su deseo de que esta cuestión pueda mejorarse en un futuro porque, según ha apuntado, "los que tenemos una sensibilidad social acusada por esta responsabilidad, nos estremece no poder solucionarlo".
Respecto al resto de quejas, el Síndic de Greuges ha afirmado que muchas provienen de vecinos o asociaciones y afectan a cuestiones medioambientales o de la salud. "Todo lo que es la vida está reflejado, unas cosas con más intensidad y otras con menos", ha señalado.
Cholbi se ha mostrado "satisfecho del trabajo realizado profesionalmente" y ha mostrado su esperanza de que la labor de la institución sirva "en algunos casos para meditación, en otros para satisfacción, y en otros para creer que hemos acertado en el camino".
Asimismo, se ha mostrado convencido de que este año se recogerá un mayor número de quejas ciudadanas, gracias al autobús puesto en marcha por la institución, con el que recorre las diferentes poblaciones de la Comunitat para coger "el pulso de la sociedad" y atender los problemas de los ciudadanos.
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Aarón, junto a sus compañeros del instituto Marjana.
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AGENCIAS VALENCIA Algo más de 200 personas, entre alumnos, padres y profesores, se concentraron ayer en el Instituto de Educación Secundaria Marjana de Chiva para reclamar un cuidador para un estudiante de 12 años con distrofia muscular, según informaron fuentes de los convocantes.
La madre del alumno, Amparo Navarro, explicó a Efe que el motivo de la concentración era pedir "dignidad" para Aarón, su hijo, que va en una silla de ruedas a causa de su enfermedad y necesita una persona de apoyo para moverse por el instituto. Aarón, que cursa segundo de la ESO y es de Chiva, "no puede ir solo al baño, cambiar de clase o bajar al patio", por ello Amparo ha solicitado durante tres años a la Generalitat que se le asigne un cuidador. "Nos asignan a una persona, pero sólo 30 minutos a la semana", ha afirmado, "de manera que hasta la una del mediodía mi hijo no puede ir al baño, que es cuando acude la cuidadora que nos han asignado".
Amparo va todos los días al instituto para llevar al baño a su hijo, mientras que el resto de tareas se las reparten entre sus compañeros de clase, que le guardan los libros en la mochila, le llaman el ascensor o le ayudan a ponerse la chaqueta.
Hace dos años que Aarón va en una silla de ruedas eléctrica y, como explica su madre, "cuando se le rompe no puede ir al colegio, porque con la de mano necesitaría a alguien que le empujara por el instituto toda la mañana". Además, este año las cosas se han complicado aún más para el niño, puesto que en el instituto "en cada asignatura los alumnos cambian de aula".
Amparo agradeció "el apoyo" de los compañeros de su hijo en el instituto, de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos y de los profesores y el personal del centro educativo, y mostró su esperanza de que la protesta "sirva para conseguir lo que exigimos pero recalcó que "no deben ser chavales de 12 o 13 años los que se ocupen de estas cosas".
"Estos niños deben tener una persona de apoyo durante todo el horario escolar por ley", afirmó Amparo, quien añadió que "lo único" que quiere es "una educación digna para Aarón".
El próximo lunes ha sido citada para mantener una reunión con una representante de la Conselleria de Educación en la que reclamará "una solución inmediata" para la situación del niño, avanzó. "No voy a parar hasta que llegue al instituto y me digan que hay una persona que estará pendiente de mi hijo, que en este momento está desamparado", lamentó.
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El Jueves 24 nos llamaron de Bienestar Social para decirnos que de 12’00 h. a 15’00 h. del Viernes 25 visitarían a mi madre, enferma de alzheimer, para hacer una primera valoración en el domicilio, pidiéndonos que estuviéramos en casa dentro de ese horario, cosa que así fue. Pasaron las horas, y en mi casa no apareció nadie, sobre las 14’00 h. llamo a Avapsa para ver que ocurre, la persona que me atiende me dice “Señora, tenga paciencia que ya irán a su domicilio, y comprenda que son muchas visitas, no solamente la suya.”, le digo que bien, que espero. Llegan las tres de la tarde, las cuatro, las cinco, y así hora tras hora. Nadie apareció, y lo que es peor, nadie se dignó a llamarnos para al menos, darnos una explicación de los motivos. Esto no es de recibo, cuando ya sufrimos bastante calvario las familias con la situación que vivimos, y además con los perjuicios que esto me ha causado, perder un día de trabajo, teniendo que solicitar un día de asuntos propios que tenía reservado para llevar a mi madre al hospital en Diciembre, para el control de su enfermedad. Ese día de Viernes, perder toda la tarde, pues debía ir al médico de familia porque me estoy medicando y necesitaba la receta autorizada para continuar con mi tratamiento para la depresión, y para colmo, este hecho que no tiene nombre. Mi padre es un Señor de 77 años y yo que tengo una minusvalía de un 41%, minusvalía que se está agravando más, los dos, llevamos la situación de la mejor manera posible.
Para concluir, sólo decirle a este Gobierno Valenciano y a los Señores de Avapsa, que paciencia tengo mucha, pero como todo en la vida tiene un límite, y que si tienen muchas visitas que hacer y poco personal, primero, eso no es problema de los afectados, y segundo, que se organicen mejor, porque todo en un día no se puede abarcar de golpe, y que piensen que somos personas como ellos, no marionetas. Si no hay humanidad, al menos decencia y un poco de consideración hacia los enfermos y hacia las familias que lo sufrimos.
Mª Magdalena Martínez Pérez,
ciudadana española discriminada por su diversidad funcional
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UGT calificó hoy de "barbaridad" que las personas que realicen un curso de 25 horas puedan acceder a la categoría de "trabajador profesional", y añadió que de ser así sería una medida lejos de la profesionalización que impediría construir un sistema de servicios a la altura del resto de pilares del Estado de Bienestar.
La directora general del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) de la Generalitat, Carolina Homar, explicó ayer que a partir de octubre se impartirán cursos de 25 horas que formarán este año a unos 1.300 cuidadores catalanes.
La Conselleria de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat afirmó hoy que esta formación no dará acceso a un certificado profesional y que el objetivo de la misma es ayudar a los cuidadores no profesionales en su labor.
Las personas que superen los cursos y lo deseen tendrán la posibilidad de reconocer esta formación y su experiencia, cosa que les servirá como primer paso para acceder a formación de más larga durada.
En un comunicado, UGT aseguró que están a favor de las actividades formativas que mejoran la calidad de vida de dependientes y cuidadores, pero siempre y cuando "no busquen sustituir la asistencia social y la intervención sociosanitaria profesional" a la que tienen derecho los ciudadanos.
El sindicato se opone también a que esta medida pueda servir para amortizar "una cierta acomodación" al desplegar la oferta pública de servicios y para profesionalizar el sector tanto socialmente como económicamente. Por ello, consideró que la formación y apoyo al cuidado no profesional "no es ni puede ser en sí mismo un mecanismo lícito de integración laboral paralelo a la oferta formativa".
Esta situación condenaría a los futuros trabajadores a unas condiciones laborales y salariales "extraordinariamente precarias", señaló UGT, a la vez que calificó de "impensable" que un curso de esas características permita una habilitación laboral que de una atención de calidad a las personas. Recordó que los trabajadores del sector requieren un perfil formativo como el de trabajadores y educadores sociales, técnicos sociosanitarios y trabajadores familiares.
El sindicato reiteró su crítica a que en la práctica, el despliegue de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia está "acomodado a la distribución de cheques" y se apoya principalmente en el cuidado de familiares, principalmente mujeres, algo que está generando necesidades y gastos añadidos.
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A diario estamos asistiendo a un bombardeo propagandístico -en los medios de comunicación públicos controlados por el Consell de la Generalitat Valenciana, utilizados exclusivamente como voz del pensamiento de una corriente política y costeados por todos los valencianos- en los que nos cuentan todas sus conquistas logradas para situarnos a la cabecera nacional de las grandes consecuciones y, en ocasiones, internacionales, en la que según ellos nos proveen de un bienestar insospechado. Y dicen bien, in-sos-pe-cha-do, pues la inmensa mayoría no logra verse reflejada dentro de esa prosperidad que tratan por todos los medios de vendernos, cuando por otro lado y tras estudios y trabajos realizados para conocer el funcionamiento de ciertos estamentos, pongamos por ejemplo la sanidad pública –no digamos tampoco de la enseñanza- declaran que estamos siempre a la cola y mantenida esta privilegiada posición durante muchos años, tantos que no entendemos como no les da vergüenza, a nuestros consellers, proferir tal sarta de insensateces.
Traemos hoy, aquí y ahora, un informe elaborado por el Foro de las Plataformas por la Sanidad donde se demuestra que todo lo que dicen nuestros loados consellers en el gobierno valenciano, no es más que pura fanfarria y engaño, como todo lo que últimamente hacen con el pueblo que los votó.
Informe Servicios Sanitarios sobre las Comunidades Autónomas.
elperiodic.com
La Consellera de Bienestar Social, Angélica Such, ha asegurado que la aplicación de la ley de dependencia “exige un alto contingente humanos y de recursos” y ha destacado que en la Comunitat Valenciana “hay más de 25.000 personas trabajando en empleos directamente relacionados con la aplicación de la Ley de Dependencia”.
Such ha hecho estas declaraciones durante la clausura de la Jornada “El Empleo y la Dependencia” organizada por AERTE (Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de dependencia de la Comunidad Valenciana) y que hoy ha tenido lugar en Valencia.
En su intervención, la Consellera de Bienestar Social ha indicado que sólo durante este año “y gracias a una inversión pública de la Generalitat superior a los 400 millones de euros, se han generado 8.700 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo relacionados con el cuidado de personas dependientes. La Ley de Dependencia, más allá de la importantísima vertiente asistencial, tiene una incuestionable relevancia económica y social en cuanto a su potencial generador de empleo”.
Empleo estable y femenino
Such ha explicado que el desarrollo de la Ley “ha generado nuevos yacimientos de empleo entre el personal dedicado a la atención y a los cuidados personales, a la hostelería en residencias o centros de día, al mantenimiento de los centros, y entre el personal especializado: médicos, psicólogos, trabajadores sociales, y personal de gestión y administración de centros y programas”.
Asimismo, la Consellera ha destacado el conjunto de factores positivos sobre el empleo que se está generando en la medida que se trata de un empleo estable, con vocación de continuidad, con calidad creciente, mayoritariamente femenino, con unas buenas perspectivas tanto económicas como de estabilidad laboral. “De hecho –ha matizado- el sector asistencial es el primer sector en cuanto a crecimiento de empleo, tanto a nivel nacional como a nivel de la Comunitat Valenciana”.
Cuidadores no profesionales
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia contempla entre sus prestaciones, aquellas que van a destinadas a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.
La prestación económica para ser atendidos por cuidadores no profesionales, exige que se den condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención (PIA).
Esta prestación es de carácter nominativo y la recibe la persona en situación de dependencia para los gastos derivados de su atención. El cuidador no profesional que lo atienda deberá cumplir las condiciones de afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social.
Respecto a este último punto, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales reguló un convenio especial para la inclusión en la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia.
En el caso de la Comunitat Valenciana, el 50% de todos los cuidadores no profesionales de personas dependientes que reciben este tipo de prestación, están dados de alta en la Seguridad Social a través de este convenio especial desarrollado por el Ministerio, cifra que supera a la mayoría de otras autonomías.
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Enrique Sanroque JESÚS CRUCES
MULTIMEDIA
P. G. Los 43 dependientes de Aspe que murieron esperando una ayuda que nunca llegó ya no están entre nosotros. Pero sus familiares recuerdan con amargura y rabia los trámites que tuvieron que hacer para no conseguir nada. Mari Cruz Soria cuidaba de su tía María Cánovas, que falleció en mayo de 2008 con 94 años. Pidió la ayuda justo un año antes pero la carta de Conselleria reconociendo la dependencia de su tía llegó a la semana de ser enterrada. "Me decía ya verás nena como ese dinero nunca llega y la verdad es que se murió sin verlo. Y lo más triste es que ahora tenemos que ir de pleito para que nos den lo que por ley nos corresponde", indica Mari Cruz.
El marido de Mari Carmen Galvañ falleció en marzo de 2009 a los 63 años. Desde 2003 su esposa tuvo que dejar de trabajar para ocuparse de él. Una enfermedad degenerativa lo convirtió en un vegetal. La familia pidió la ayuda en 2007 con la esperanza de ver aliviada su difícil situación económica. "Al año siguiente lo valoraron y ahora, dos meses después de morir, es cuando me ha llegado la resolución para cobrar. Por eso al político que tiene que decidir todo esto lo pondría en nuestro lugar, para que sienta lo mismo que sentimos nosotros y se dé cuenta de la injusticia tan grande que está cometiendo".
A Enrique Sanroque se le quiebra la voz cuando recuerda a su madre Teresa, que falleció en septiembre de 2008 con 96 años. "He estado esperando año y medio en vano. A nosotros no nos dan lo que nos pertenece pero si le debiéramos un solo euro a Hacienda nos embargarían seguro", lamenta.
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TRIBUNA
LEY DE DEPENDENCIA
Mª CRUZ GALLEGO SORIA
Como dice Rajoy, "la democracia es ejercer derechos". Qué gran frase y qué bien le queda a quien la dice. Pero debe ser que cuando Rajoy daba esta gran lección de democracia en una de sus comunidades preferidas, no estaba muy atento: lo hizo en la Comunidad Valenciana. Parece que, su hasta ahora conseller de Bienestar Social, no ha logrado entender esta parte de la democracia y se ha dedicado a impedir de manera vergonzosa que las personas dependientes de esta comunidad puedan ejercer su derecho a las prestaciones y servicios que les da desde el 1 de enero de 2007, la Ley 39/2006, conocida como la Ley de Dependencia. Y el presidente Camps, que parece que tampoco estuvo cuando se dio esta lección, lo premia por su gran labor al frente de Bienestar Social, dándole la Conselleria de Urbanismo. Pero para entender mejor estos argumentos, vamos a hacer un balance del resultado desde el uno de enero de 2007, fecha en la que entró en vigor la ley en esta nuestra comunidad: tres veces menos de solicitudes de lo que cabría esperar según población. ¿Será que se están falseando los datos para minimizar su nefasta gestión? Servicio estrella: plazas residenciales, y por si alguien aún no lo sabe, casi el 40% de las residencias de esta Comunidad pertenecen a la familia del señor Cotino. 15 plataformas en defensa de la ley de dependencia (esperemos que Ángela Such, la nueva consellera que llevará Bienestar Social, estuviera presente cuando Rajoy dio esta clase magistral).
En Aspe y Hondón de las Nieves, de 323 solicitudes, sólo 11 ya son beneficiarias de la ley.Pero de esas 11, nueve han logrado ejercer su derecho, puesto que a dos les llegó después de fallecer, el 2,7 % de los solicitantes tras 2 años y 8 meses después de su entrada en vigor.
Los procesos que te llevan a ser beneficiario de la ley como mucho son de nueve meses, con lo que todos los grandes dependientes tendrían que ser beneficiarios desde septiembre de 2007, sin embargo, en Aspe los primeros beneficiarios empiezan a serlo a partir de 2009.
81 personas de Aspe y Hondón de las Nieves siguen todavía sin ser valoradas, han solicitado la prestación, y aún no les han llamado de Valencia para venir a valorarlos. Esto supone que al 25% de solicitantes aún no se les ha hecho ni caso después de 2 años y 8 meses. Del 75% restante que si ha sido valorado sólo 13 tienen una resolución del PIA, paso último antes de recibir el servicio.
El resto está atascado en cualquier parte del proceso. La emisión de informes sociales corresponde al ayuntamiento y, aunque hay que decir que se ha hecho un esfuerzo para agilizarlos, lo cierto es que resulta insuficiente. Y mientras éstos no se realicen o se ralenticen, los dependientes seguirán esperando y desesperando porque no accederán a lo que la ley les concede. Si el ayuntamiento no tiene medios para que se siga manteniendo una segunda trabajadora en los servicios destinados a la dependencia, que se los exija al Gobierno valenciano. Pero no se puede seguir esperando, cuando en otras comunidades la implantación es del 100% y desde que los plazos lo establecen.
En junio salió publicado el tercer dictamen del observatorio sobre el desarrollo y la implantación territorial de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Este dictamen pretende poner de manifiesto la situación actual de la ley en cada comunidad. Tiene una parte en la que se habla de las buenas prácticas en esta materia de muchas comunidades y otra con los criterios y resultados obtenidos por cada una.
¡Y qué vergüenza!, un apartado especial con portada propia para la Comunidad Valenciana: Las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana. Formadas por personas en situación de dependencia y sus familiares, con el apoyo de sus profesionales y ciudadanos, en defensa de sus derechos y contra las malas prácticas de su comunidad, reconociéndose y apoyándose la gran labor que están realizando en la lucha para que en esta comunidad se aplique y se implante la ley de dependencia.
Mientras, en otras comunidades reciben halagos, aquí se forman 15 plataformas porque no se cumple la ley, con multitud de quejas y demandas a la sindicatura para presionar al Gobierno valenciano, manifestaciones, concentraciones,É Incluso se ha conseguido en Alicante un servicio de asesoramiento especializado con la colaboración del Colegio Oficial de Abogados y se está luchando por conseguir una colaboración en Valencia para que sea posible un turno de oficio especializado.
En esta comunidad hay que ganarse el derecho en los tribunales.
BIENESTAR SOCIAL
Imagen de la manifestación celebrada el pasado mes de mayo exigiendo el cumplimiento de la Ley de Dependencia
M. A. MONTESINOS
REDACCIÓN En el año 2008 el número de resoluciones remitidas por la Sindicatura de Greuges a la consellería de Bienestar Social se situó en 336, incluida la investigación realizada de Oficio, mientras que en los siete primeros meses del año 2009 se acumulan 706 recomendaciones.
En este sentido cabe destacar que el 72% de las quejas resueltas por la Sindicatura desde enero a julio de este año y publicadas en la pagina web de la institución, afectan directamente al departamento que dirige Juan Cotino. De un total de 982 recomendaciones realizadas a diferentes instituciones (ayuntamientos, conselleries..) en el periodo analizado, 706 hacen referencia al incumplimiento de la denominada Ley de Dependencia y son responsabilidad de Bienestar Social, según apuntan fuentes de CCOO.
En la mayoría de los casos las reclamaciones de los ciudadanos se producen por el retraso en la valoración y el reconocimiento de las prestaciones contempladas en la cartera de servicios de la propia Ley, en otras se trata de personas que, habiendo solicitado las ayudas, han fallecido sin obtener respuesta de la administración y mientras el Sindic reclama el pago de las prestaciones a los familiares, en este sentido también existen decenas de reclamaciones referentes al pago retroactivo de las ayudas económicas. En el comunicado facilitado por el sindicato, las resoluciones de las personas que aparecen recogidas en el documento y analizadas, que habían acudido al Sindic de Greuges, iniciaron los tramites ante la administración en el año 2007.
Prestaciones
Los datos reflejan la situación de miles de personas con algún tipo de dependencia, que teniendo derecho a una serie de prestaciones, que faciliten su autonomía personal, no pueden acceder a las mismas de manera ágil y en el tiempo efectivo.
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En éste enlace le situaremos en una biblioteca virtual que contiene libros de todos los estilos y para todas las edades con presentación electrónica de acceso gratuito.
Pinchar sobre cada literal y esperar un tiempo hasta que se cargue el fichero.
► Análisis y evaluación del proceso de implantación de la LEPA.
► Asistencia personas y diversidad funcional.
► Baremo valoración dependencia.
► Cuadro pensiones mínimas año 2008.
► Estudio de agravio económico comparativo de las personas con discapacidad.
► Guía servicios ferroviarios a pdf's.
► Indicadores de vida independiente.
► La regulación de la prestación sociosanitaria.
► Mal trato de personas mayores...
► Manifiesto Iª Marcha por la Visibilidad de las Personas con Diversidad Funcional.
► Manual para el ratón facial.
► Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas.
► Propuesta de modelo de Servicio de Promoción de la Autonomía Personal.
► Vivir en la comunidad local.
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