Comunicado de la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica sobre el Auto del Juez Garzón.

Queridos amigos y amigas.

Os hago llegar el Comunicado emitido por la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica:

Comunicado de la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica sobre el Auto del Juez Garzón.

Sea cual sea el final del proceso iniciado por el juez Baltasar Garzón en relación con las víctimas del franquismo ha de reconocérsele, al menos, la virtud de evidenciar aspectos de trascendental importancia en nuestra historia que aún permanecen sin clarificar; entre ellos el carácter de golpe de estado parcialmente fracasado que tuvo la sublevación militar de Francisco Franco y el problema vergonzosamente irresuelto de las fosas de los asesinados por los sublevados contra el gobierno legítimo de la República, evidenciando así­ las deficiencias y limitaciones de la denominada Ley de la Memoria Histórica.

Desde la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica, más allá de las cuestiones relacionadas con el ámbito jurídico procedimental, queremos manifestar que cuando están a punto cumplirse los setenta años del final de la guerra a la que dio lugar el relativo fracaso del levantamiento militar, es imprescindible que nuestros gobernantes asuman las responsabilidades que como máximos dirigentes de una sociedad democrática les corresponde, de tal modo que aquellos partidos y entidades sociales cuyas responsabilidades en la represión fascista son evidentes sean públicamente señalados, así­ mismo es responsabilidad gubernamental proceder a las justas reparaciones de los asesinados y represaliados y de sus descendientes, anulando, en primer lugar los simulacros de injustos juicios en los que fueron condenados.

Suscriben este comunicado todos los componentes, partidos políticos, centrales sindicales y artistas plásticos que componen la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Para contactos: info@los25000alicantinos.org

Pablo Picaso y su obra maestra.

"La historia deben hacerla los historiadores, y la memoria la hace cada uno"

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PALOS

DE

CIEGO

La tiranía

de la

memoria

JAVIER CERCAS 02/01/2008

El debate sobre la llamada memoria histórica parece el debate de nunca acabar. Aunque a menudo sea un debate bárbaro y fatigoso, es natural que no acabe: la memoria pasa, pero la historia no, y aquí de lo que se trata -de lo que debería tratarse- es de la historia, no de la memoria. Primero fue la llamada Ley de la Memoria Histórica -que no lleva ese nombre, sino un nombre imposible e imposible de citar aquí-; luego fue el juez Garzón pidiendo información sobre los desaparecidos de la guerra y la posguerra. De entrada, ambas cosas me parecen bien; en realidad, no entiendo que a nadie pueda parecerle mal que se resarza a las víctimas de la guerra y la dictadura, que se eliminen los símbolos del franquismo, que se ayude a enterrar dignamente a los muertos, que se realice un inventario de los desaparecidos. Otra cosa es que el Estado tenga que promulgar una ley para hacer lo que debería haber hecho sin necesidad de ninguna ley, que encima sea una ley que amaga y no da y que, para colmo, las autoridades se hagan las remolonas a la hora de aplicarla: a mí no me hace ninguna gracia que el Estado se ponga a legislar sobre la historia, no digamos sobre la memoria -como no me haría ninguna gracia que se pusiera a legislar sobre la literatura-, porque la historia deben hacerla los historiadores, no los políticos, y la memoria la hace cada uno, y porque una ley de este tipo recuerda embarazosamente los métodos de los Estados totalitarios, que saben muy bien que la mejor manera de dominar el presente es dominar el pasado; pero la ley está para cumplirse y, una vez aprobada ésta, hay que cumplirla de inmediato y a rajatabla. Otra cosa es, también, que tenga que ser un juez quien se encargue del asunto; esto, lo repito, tendría que haberlo hecho el Estado: Suárez no habría podido hacerlo, porque ese mismo día le bombardean La Moncloa; González no lo hizo, y Aznar -que habría sido bonito que lo hiciese, porque eso hubiera demostrado que la derecha se ha emancipado de verdad del franquismo-, tampoco; y ya que Zapatero amaga y no da y remolonea, está bien que Garzón le empuje un poco (más no hará: Garzón sabe que le será imposible hacer lo que se propone). En fin: todo esto se ha dicho y repetido mil veces; todo esto está bien: para las víctimas, para la memoria y para la historia. ¿También para la historia?

La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
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"La historia deben hacerla los historiadores,
y la memoria la hace cada uno"

Algunos historiadores empiezan a ponerlo en duda: algunos historiadores empiezan a temer que la invasión de la historia por la memoria -un fenómeno no exclusivo de España: otros países han promulgado con anterioridad las llamadas Leyes de la Memoria- tenga contrapartidas peligrosas para la historia. Acaban de explicarlo Pierre Nora y Élie Barnavi en un debate publicado en el número de verano de Le Magazine Littéraire. Nora y Barnavi son dos historiadores serios: el primero, francés, es autor de un libro seminal, Los lugares de la memoria, que tuvo el acierto pionero de tomar la memoria como objeto de la historia; del segundo, israelí, conozco un libro breve y vibrante: Las religiones asesinas. Nora y Barnavi alertan al unísono contra lo que llaman "la tiranía de la memoria": hasta una época reciente, la memoria había servido como material del historiador; ahora la memoria tiende a conquistar la historia, de tal manera que ésta tiende a ponerse al servicio de aquélla, si no a apropiársela. Pero la historia no puede estar al servicio de la memoria, sino de la verdad, y la memoria es por definición lo opuesto a la verdad, porque es parcial, personal, subjetiva, mientras que la historia debe aspirar a ser, si no total y universal, sí al menos objetiva. La memoria es un ingrediente de la historia, no la historia: uno de los riesgos de convertir la memoria en historia -uno de los riesgos de las llamadas Leyes de Memoria- consiste en la creciente inclinación a escribir la historia desde el punto de vista exclusivo de las víctimas, cuando la historia de las víctimas es apenas una parte de la historia, que sólo empieza a completarse con la historia de los verdugos: una no existe sin la otra, ni se explica sin la otra. La historia pierde así su función de reconstructora objetiva del pasado al subordinarse a la memoria; la propia memoria pierde su función de vínculo vivo con la reivindicación de justicia que la anima, de recurso de los vencidos de la historia, y al institucionalizarse puede convertirse en la coartada del terror: la memoria manipulada del Holocausto es una de las justificaciones de las salvajadas del Gobierno israelí; más cerca: la memoria manipulada del franquismo es una de las justificaciones de las salvajadas de ETA. El historiador es no es un ideólogo. El historiador no es un político. El historiador no es un juez. El historiador no es nada más que un historiador. Y nada menos.

Hasta aquí, en lo esencial, Nora y Barnavi. Necesitamos la memoria porque sin memoria no hay identidad; necesitamos la historia porque sin la historia sólo hay barbarie. Quizá distinguir entre una y otra -dar a la memoria lo que es de la memoria y a la historia lo que es de la historia- ayudaría a convertir este debate de nunca acabar en un debate civilizado. Quizá deberíamos proscribir la expresión memoria histórica.

Posdata (17 de octubre): Olé por Garzón.

Otra condena al alcalde de Alicante.

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Otra condena al alcalde Alperi

Tras la lectura de las declaraciones del alcalde de Alicante, publicadas en este diario recientemente y referentes a que la llamada Ley de la Memoria Histórica «no contiene ningún mandato imperativo acerca de la cuestión planteada», es decir, de la retirada de los títulos honoríficos concedidos al dictador y la de los símbolos y exaltaciones del franquismo, la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica condena, una vez más, su reiterada y falaz argumentación, y le invita a reflexionar sobre sus propias palabras y a rectificar públicamente sus impertinentes afirmaciones, tanto en su condición de ciudadano, como, muy en particular, en la que ahora ostenta, transitoria y circunstancialmente, de presidente de la corporación municipal. En una y otra, su conducta debe ser escrupulosamente respetuosa con la legislación vigente y con los valores y principios democráticos que informan a nuestra sociedad. Situarse al margen del cumplimiento de la ley, y pretender burlarla o diferirla, con amaños y subterfugios, no supone más que un suicidio político, un mayor deterioro de su imagen o un malogro infiltrado en alguna urna. El señor Alperi debería seguir los consejos del presidente de su partido, señor Rajoy, quien insiste en que las leyes -todas, sin excepción- están para observarlas y acatarlas, y mirarse en el espejo del pleno del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig -o en otros municipios, igualmente vecinos-, cuya alcaldesa, también del PP, convocó, meses atrás, para retirarle al dictador el nombramiento de hijo adoptivo, después de solicitar un informe jurídico, en el que se hace constar el carácter imperativo de la Ley 52/2007, conocida como Ley de la Memoria Histórica: decididamente imperativa y no potestativa y aún menos manipulable.

Ley que en su artículo 15 establece que: «Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura», por lo que, en aplicación de la misma, procede la retirada- y posterior anulación, por nuestro actual Ayuntamiento constitucional, de las diversas distinciones honoríficas otorgadas al dictador, por corporaciones sumisas al mismo, así como a otros individuos implicados en los supuestos que más arriba se han relacionado. La Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica emplaza nuevamente al alcalde para que se retracte de sus evasivas declaraciones habituales y actúe por imperativo no sólo del mandato legal, sino también por la responsabilidad de un cargo democrático, que nadie ni nada debiera empañar.

Por la Comisión Cívica:
Fernando Trives, Daniel Moya, Antonio Martín Lillo, Óscar Llopis, Miguel Mauri, Manuel Parra, Luis Pesquera, Cerdán Tato y otros.