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Bajo el lema "Aplicación de la Ley de Dependencia ya! Es tu derecho, exígelo", los manifestantes partieron de la estación de Renfe hasta la delegación del Consell.
MUP-Republicanos | Hoy a las 19:07
www.kaosenlared.net/noticia/cronica-fotografias-manifestacion-alicante-ley-dependencia
Bajo el lema "Aplicación de la Ley de Dependencia ya! Es tu derecho, exígelo", los manifestantes partieron de la estación de Renfe y recorrieron la avenida de Maisonnave y el paseo de Gadea, hasta llegar a la Casa de las Brujas, donde tiene su sede la delegación del Consell. Su intención era recordar a las 13.000 personas que han fallecido sin llegar nunca a percibir las prestaciones previstas y, sobre todo, a las decenas de miles que aún siguen esperándolas.
Más de un millar de grandes dependientes -personas que necesitan atención personal las 24 horas del día- aún no perciben ningún tipo de ayuda a pesar de que la norma establecía que debían ser los primeros, en el año 2007, en ser atendidos.
Muchos manifestantes lucieron camisetas y pancartas de color naranja, el color que han elegido para simbolizar la lucha por los derechos de los dependientes. Se pudo ver carteles exigiendo el fin del boicot de la Generalitat a la ley y también reclamando la modificación del reglamento autonómico que establece que el silencio administrativo se entiende como la denegación de las ayudas. También hubo críticas para Avapsa, la empresa que ha creado la Generalitat para la gestión de los expedientes.
Por unos Servicios Públicos de calidad
Tres años después de su aprobación, la Ley de Dependencia apenas es una realidad para los valencianos, hasta el punto de que 13.000 personas han fallecido sin recibir las ayudas que les pertenecían. Pero, más allá de los retrasos y abusos propiciados por la Generalitat, lo cierto es que el Gobierno central debería establecer cómo corregir las enormes desigualdades entre las Comunidades.De los informes elaborados por el Grupo de Expertos formado por el Gobierno para analizar el desarrollo de la ley, se desprende: 1) las diferencias entre las Comunidades en los criterios para valorar los grados de dependencia; 2) el excesivo hincapié en las transferencias de fondos a las familias (para que cuiden a las personas con dependencias), en lugar de desarrollar los servicios domiciliarios y otros de carácter público; 3) la restringida definición de casos de dependencia, que no incluye las condiciones mentales; y 4) la disparidad en el desarrollo de la Ley entre las Comunidades (entre las que destacan Canarias, Murcia, Madrid y País Valenciano por su enorme retraso).
Así pues, después de estos tres años de vigencia de la Ley de la dependencia, y frente a las administraciones responsables de su desarrollo, DENUNCIAMOS:
-Retraso en su implantación: en especial, la resolución sobre los grandes dependientes, que debería haberse concluido en el 2007.
-Lentitud y confusión del funcionamiento administrativo. Es frecuente la pérdida de expedientes, la exigencia repetitiva de documentación ya presentada y la privatización sin control de los servicios.
-Falta de transparencia, con una gestión en absoluto participativa.
Esta situación se enmarca dentro de un contexto generalizado de degradación de los servicios públicos y su privatización, lo cual constituyeuna de las líneas centrales de la política del PP en la Generalitat Valenciana y allí donde gobierna, muchas veces ayudado por la pasividad, cuando no con el apoyo explícito, del PSOE (recordemos la Ley de Sanidad 15/97). Así, es poco probable, y más aún mientras arrecia la crisis económica (y la consiguiente búsqueda de negocio), que el equipo de Camps vaya a cambiar de rumbo en sus políticas sociales tan fácilmente. Pero también el Gobierno central se va a ver presionado por la patronal y por la Unión Europea para reducir el gasto público, máxime cuando se pone en duda la fiabilidad de la Deuda pública y mientras los principales países (Francia, Alemania) empiezan a salir de la recesión.
De hecho, el mencionado informe del Grupo de Expertos también se refiere a la financiación del sistema de dependencia, defendiendola extensión de la financiación privada (incluyendo los seguros privados y el copago) de los servicios para dependientes y limitando la financiación pública a «corregir los fallos del mercado». Vemos, pues, que los dogmas neoliberales no son exclusivos de Camps y Cía. Por eso, una vez más, debemos recordar e insistir en que la calidad de los servicios financiados y gestionados por el sector privado siempre es menor que el de estos servicios cuando son públicos. Y es así porque, para incrementar sus beneficios, las empresas contratan personal menos cualificado (más barato), disminuyen el número de profesionales cualificados (enfermeras, por ejemplo) y seleccionan a los pacientes, excluyendo los casos más complejos y que requieren mayor atención, que desvían al sector público. Es más, en medio de una crisis económica que destruye empleo sin cesar, la Ley de Dependencia podría tener un importante impacto en la creación de puestos de trabajo estable y de calidad y, por tanto, en la recuperación económica general.
Plataforma de Ciutadans per la República– PV / MUP-Republicanos
Miembros de la Coordinadora Municipal Republicana
ciutadansperlarepublica@gmail.com
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