España modificará leyes para adaptar la Convención de la ONU de Discapacidad
Foto: BALONCESTO PARA TODOS
MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un informe en el que se detalla que el Gobierno tendrá que realizar "ajustes normativos" en ámbitos que van desde la sanidad hasta la legislación civil, mercantil, penal o de integración laboral para que España pueda adaptarse a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en vigor desde mayo de 2008.
Según informó en rueda de prensa la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el informe, elaborado por un grupo interministerial presidido por la cartera de Sanidad y Política Social, plantea "una serie de ajustes normativos en diversos campos que inciden directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos".
Para Fernández de la Vega, la traslación al ordenamiento jurídico español de la Convención de la ONU sobre discapacidad, supone que en España la atención a las personas en esta situación no se aborde como "una preocupación de bienestar social, sino como una cuestión básica de derechos humanos".
El informe detalla que si bien "la legislación española es una de las más avanzadas en el mundo en reconocimiento de derechos a las personas con discapacidad", aún "hay que realizar modificaciones normativas en diferentes materias para adaptarla a las directrices de la Convención".
DECIDIR "POR SÍ MISMOS"
Entre las medidas propuestas, la vicepresidenta destacó la modificación legal que habrá que emprender para que las personas con discapacidad puedan decidir "por sí mismas" en procesos sanitarios como transplantes o ensayos clínicos o aquella que promoverá la igualdad de trato tanto en el matrimonio como en la paternidad.
Además, se establecerá una "nueva definición del concepto de persona con discapacidad que supere la contenida en la Ley de Igualdad de Oportunidades" y se incluirá la discapacidad "como causa de no discriminación en su relación con las administraciones públicas sanitarias". En este sentido, se propone eliminar de las normas "los términos peyorativos como 'incapaz' o 'minusválido' y sustituirlos por 'persona con discapacidad'".
En las áreas de legislación civil, mercantil y penal, las reformas afectarán a "cuestiones de Derecho Civil y de Derecho Procesal, para garantizar la igualdad en el reconocimiento como personas ante la ley, en el acceso a la justicia y el respeto del hogar y la familia y la igualdad de trato en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia y la paternidad", explica la referencia del Consejo.
Respecto a la integración laboral, se prevé la revisión de la normativa sobre el acceso al empleo público, aumentando el cupo de reserva para las personas con discapacidad al siete por ciento; y sobre la contratación en el sector privado, para asegurar el cumplimiento de la cuota de reserva.
El informe también recomienda realizar un estudio más exhaustivo en ámbitos como la educación, la accesibilidad o la propiedad horizontal, "debido a la complejidad de estos temas", conforme informó el Consejo de Ministros.
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