El Tribunal de Cuentas investigará la financiación de la Dependencia
El organismo determinará si los fondos se destinan a la aplicación de la ley 
CARMEN MORÁN - Madrid - 02/03/2010
El Tribunal de Cuentas investigará de oficio si los fondos que transfiere el Gobierno a las comunidades para la aplicación de la Ley de Dependencia se están efectivamente usando para ese fin y si las comunidades aportan el dinero al que están obligadas. Tres años después de que entrara en vigor la norma no hay forma de saber ninguna de las dos cosas. Ahora el Tribunal de Cuentas puede poner un poco de luz en este asunto.
Los recursos que destinan a esta norma las regiones son una incógnita
Un informe del Gobierno alertaba ya de opacidad en el dinero empleado
La fiscalización de la gestión económico-financiera y de la aplicación de esta ley por parte del Tribunal de Cuentas se hace a propuesta del consejero Ciriaco de Vicente, que está al frente del Departamento Sociolaboral y de la Seguridad Social, pero también contará con la participación del departamento de Comunidades Autónomas, a cargo del presidente del Tribunal, Manuel Núñez Pérez, según ha sabido este periódico.
Desde el Tribunal de Cuentas creen que es conveniente analizar "la aplicación de la ley desde su aprobación hasta ahora" en lo que se refiere a la correcta utilización de los fondos previstos para su desarrollo así como del cumplimiento de los plazos establecidos para el beneficio de los ciudadanos.
Que los plazos para la tramitación y recepción de las ayudas de la Dependencia no se están cumpliendo en casi ninguna comunidad es algo que las propias administraciones han reconocido recientemente, cuando todas aprobaron acortar el tiempo que emplean en esas gestiones.
Nivel acordado
Pero sobre la financiación todo son incógnitas. Se sabe lo que aporta el Gobierno, pero nada del uso que de ello están haciendo algunas comunidades. También se desconoce si las administraciones regionales cofinancian esta ley, es decir, si destinan para su aplicación la misma cantidad que reciben del Estado, tal y como están obligadas (en el llamado nivel acordado).
Un informe de la Agencia de Evaluación que depende del Gobierno ya ponía de manifiesto que "no es posible identificar en los presupuestos las dotaciones que dedica cada comunidad a la Ley de Dependencia". Este informe estaba listo en diciembre de 2008, pero no se hizo público hasta 16 meses después, cuando algunas de las irregularidades que denunciaba ya se habían ido corrigiendo.
La financiación de la Ley de Dependencia ha sido desde su entrada en vigor el asunto más controvertido. Las comunidades insisten en que necesitan más dinero y varios estudios de expertos, incluido el que encargó el Parlamento, han coincidido en que las dificultades económicas podrían hacerla inviable. Se necesita, dijo el informe de expertos encargado por el Congreso, una "financiación pública de suficiente solidez". Si no se toman algunas medidas, "la sostenibilidad de la cobertura de la Dependencia no puede ir sino a peor", advirtieron en su estudio. Y alertaron de que "la universalidad de la ley, como ambición, puede romper el saco de su financiación". Aquel informe económico, como todos los demás, no contaba, sin embargo, con una información fundamental: el dinero que aportan las comunidades para sufragar esta ley. Y no lo tenían porque ninguna comunidad lo ha hecho público con claridad.
A pesar de todo, con los mismos recursos, son muchas las diferencias en el desarrollo de la ley entre unas comunidades y otras.
Así lo reconoció la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, quien acusó a las comunidades hace unos días en el Congreso de tener "errores de cálculo" cuando elaboran sus cuentas de la Dependencia. "No es que las comunidades mientan, pero hay errores", dijo. "A veces, cuando las comunidades hacen cálculos [sobre financiación y coste de la Dependencia], básicamente hacen un cómputo del gasto total de Política Social sin ceñirse al cómputo de la Dependencia. Por eso nos encontramos con tantas dificultades para hacer esos cálculos", aseguró.
Y en esa misma comparecencia anunció que el ministerio está preparando un estudio donde se especifiquen los recursos que aporta cada comunidad para la implantación de la ley. El documento, dijo Jiménez, deberá estar listo en los próximos meses.
Otra cosa es que pasen otros 16 para hacerlo público.
No hay un solo consejo interterritorial, en el que se reúnen los consejeros del área de Bienestar Social con la ministra Jiménez, en el que las comunidades no reclamen más dinero para aplicar la Dependencia. Sin embargo, el citado informe de la Agencia de Evaluación Estatal, criticaba que el consejo territorial prácticamente "se ha limitado a establecer el reparto entre las comunidades" del dinero que destina el Ejecutivo, sin llegar a muchos más acuerdos.
Ahora, el pleno del Tribunal de Cuentas ya ha aprobado la fiscalización de esta ley. Falta determinar los aspectos técnicos que se revisarán. Este año se iniciará el trabajo de campo, es decir, los inspectores del Tribunal deben visitar las administraciones y revisar los documentos. Si se detectaran irregularidades contables, el Tribunal de Cuentas tiene competencia jurisdiccional para intervenir.
Hoy mismo, el presidente del tribunal, Manuel Núñez Pérez, comparecerá ante la comisión mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. Allí se detallará el plan de fiscalizaciones que el tribunal ha previsto para 2010. La Ley de Dependencia será parte de él, y el tribunal lo hace a instancias propias. Quizá se ha abierto el camino para disipar algunas dudas.
El dinero y las obligaciones de cada uno
- Nivel mínimo. El Gobierno aporta un dinero a las comunidades por cada ciudadano con derecho a prestación que se registra en el sistema de la Dependencia. Es el llamado nivel mínimo y corre íntegramente a cargo del Ministerio de Sanidad y Política Social. Su monto está en función del grado y nivel de dependencia del solicitante.
- Nivel acordado. La segunda pata de la financiación de la Ley de Dependencia es el nivel acordado. El dinero se reparte en esta ocasión atendiendo a unos criterios ya definidos (la población, la insularidad, los inmigrantes retornados). Una parte de él (20%) se condiciona al número de dependientes que ya han sido declarados beneficiarios de ayuda, aunque aún no la estén recibiendo. Las comunidades están obligadas a aportar al sistema de la Dependencia tanto como reciban del Estado en este nivel de financiación. Se desconoce si lo están haciendo. Y también si lo que reciben del Estado lo emplean en la ley.
- Copago. Los ciudadanos se hacen cargo de su bolsillo de una parte del coste del servicio que reciben.
Fuente El Pais.
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