(Este escrito ha sido enviado también a D. Guillermo Fernández Vara, Presidente autonómico de la Junta de Extremadura)
Por Mónica Sumay.
A la atencion:
Dª Mercedes Armada, jefa del gabinete de la Consejería de Educación de Extremadura
Mi nombre es Mónica Sumay Castañeda soy de la provincia de Pontevedra, tengo tres hijos uno de ellos una adolescente con diversidad funcional intelectual, que desde infantil estuvo escolarizada en un colegio ordinario, contando desde el primer momento con los profesionales necesarios para atender las necesidades educativas de mi hija. Pero hace un año y medio inicie una batalla judicial contra la resolución del anterior delegado provincial de Pontevedra el sr. Cristobal Fernández Vázquez, y la anterior consellería de educación de la Xunta de Galicia, que tras una decisión unilateral de toda la comunidad educativa (profesorado, inspección, delegación,conselle ria), deciden EXPULSAR a mi hija del colegio donde estuvo toda su vida escolar, obligándome a escolarizarla en un centro de educación especial sin mi autorización y sin mi consentimiento. Después de soportar una lucha despiadada e injusta, que vulnera cualquier normativa nacional e internacional, un juzgado me ha dado la razon, y no solo a misino también a otros padres de mi provincia que también pelearon judicialmente contra otra resolución del mismo delegado y la misma consellería, y que otro juzgado también les ha dado la razón.
En ambos casos le ha aseguro que no solo luchábamos por los derechos de nuestros hijos, sino porque tenemos el convencimiento de que no se puede tolerar mas vulneraciones de los derechos humanos de los niños y jóvenes con diversidad funcional. Y porque España fue uno de los primeros países en ratificar la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, y que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, además de que obliga a las autoridades a que realicen todos los cambios normativos necesarios, para que se respeten todos y cada uno de los derechos en ella reconocidos.
También he interpuesto una denuncia ante la agencia estatal de protección de datos, por la revelación de los informes médicos, así como el grado de minusvalía a la prensa, por parte del anterior delegado.
Mi caso particular no entra dentro de sus competencias, pero si el resultado de mi lucha porque esto va a permitir que cualquier padre que pelee en los tribunales por los derechos de sus hijos gane.
El motivo por el que me pongo en contacto con usted, es para que de una vez la administración ponga todos los medios y recursos, para: Que Silvia Rodriçíguez García, de Villafranca de los Barros, Badajoz, vuelva al colegio, que ustedes tengan al menos la humanidad suficiente para desde el puesto que ocupan, resuelvan de la manera más eficaz y rápida posible esta situación injusta e indecente.
A mi hija también se la humilló, se la marginó se vulneró todos sus derechos por parte de todo el sistema educativo, con la complicidad del anterior presidente de la Xunta de Galicia, estos me descalificaron como madre, y subestimaron mi capacidad de lucha, afortunadamente hoy ya no están en el poder, esa es la grandeza de la democracia.
Ustedes pueden justificar su incapacidad para resolver esta situación, culpando a Dº Manuel Rodríguez González, pero aunque el tiempo corre en contra de esta niña, yo que apoyo incondicionalmente a este padre en su lucha por la defensa de los derechos de su hija, confío que pronto se verán los frutos de los que peleamos por los derechos humanos.
Reitero el apoyo a esta niña y confío en que tengan el sentido común y del deber de ponerse a disposición de buscar una respuesta que garantice el derecho de Silvia a crecer con dignidad. De no ser así serán culpables de DISCRIMINACION.
Le comunico que haré público el contenido de este mensaje donde considere oportuno, para hacer visible esta situación de indefensión.
Monica Sumay Catañeda.
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