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Si no salvo mis ideales, no me salvo a mi.







maito:%20msierrahoyos@gmail.com







































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Hoy en LA SER

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martes, febrero 01, 2011

Algunos tiene la cara de cemento armado...

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martes 1 de febrero de 2011


ENTREVISTA PRESIDENTE CERMI CASTILLA Y LEÓN





José Luis Arlanzón • Presidente del CERMI Castilla y León.


«Los recortes a la discapacidad han sido espectaculares y sin negociar»

«La crisis nos está afectando a todos. En nuestro caso, si no fuera por el Centro Especial de Empleo estaríamos al borde del cierre» «Las distintas instituciones se aprovechan de la desunión que hay entre los colectivos. Divide y vencerás...»

En la región existen unas 250.000 personas con alguna discapacidad, cuya voz se escucha a través del Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) Castilla León.

Al frente de la entidad está, desde la semana pasada, el burgalés José Luis Arlanzón, gerente de la asociación de personas sordas Arans-Bur.

Dice que le encantaría poder dar un mensaje más positivo pero la realidad manda y José Luis Arlanzón (Burgos, 1956) ha llegado a la presidencia del CERMI en uno de los momentos en los que la crisis económica está pegando más duro.

¿Cómo es el panorama de la discapacidad que se encuentra?

El mundo de la discapacidad ha cambiado mucho de un tiempo a esta parte, sobre todo el panorama legislativo desde que entraron en vigor la Ley de Dependencia y la convención de los derechos de las personas con discapacidad, que no están teniendo el desarrollo que esperábamos.

¿Qué es lo que no se cumple?

La Ley de la Dependencia en realidad se llama Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia; sin embargo hemos cambiado el concepto de lo que es atención a la dependencia cuando en realidad hay personas con discapacidad que no tienen dependencia, este es uno de los problemas, que se han centrado mucho en la dependencia y no en la atención a la autonomía personal.

¿Quién debería darse por aludido ante esta crítica?
Hay algunas comunidades autónomas que discriminan muy bien lo que es dependencia y lo que es discapacidad, incluso hay direcciones generales separadas. En Castilla y León, no. Servicios Sociales asume todo...
Además, se quedaron sin jefa del área de Discapacidad...
Sí pero ya hay una sustituta (el Bocyl publicó el pasado 20 de enero el nombramiento de María Reyes Pérez Rico).
Las asociaciones se quedaron muy sorprendidas por el cese fulminante de Concepción Vázquez de Prada...
Sí, la verdad. Era una persona muy entregada, con mucho conocimiento en el ámbito de la discapacidad y años de trayectoria.

¿Les gusta la política que desarrolla la Junta?

Con la Junta las relaciones son muy cordiales y el diálogo, fluido en cuanto a Servicios Sociales, que cuentan con nosotros para realizar las leyes. Tenemos lagunas en otras áreas como la educación y la sanidad. Pero la estructura asociativa es compleja, somos un montón de colectivos muy diferentes -y, de eso se trata, de que el CERMI les agrupe- pero hay que reconocer que esto es como una comunidad de vecinos en la que hay familias con muy alto poder adquisitivo, familias acomodadas y familias prácticamente desestructuradas con mucha división interna, familias en paro...

Hábleme de esas lagunas en sanidad y en educación...
Nos gustaría que desaparecieran las barreras -sobre todo de tipo ideológico- en el acceso a la escuela de los niños con discapacidad. Lo feo, lo viejo y lo estropeado no gusta y hay algunos colegios que aún marginan.

¿Cómo les está afectando la crisis económica ?

Hay ejemplos bien claros: ahí tenemos a Fedisfibur que presentó un ERE, y esto repercute en los servicios que se prestan. En nuestro caso, afortunadamente tenemos el Centro Especial de Empleo que presta apoyo económico a la asociación pero si no, estaríamos al borde del cierre. ¿Que cómo influye en el servicio que prestamos? Hemos tenido que reducir plantilla -antes éramos 24 y ahora, 21- y la atención individual para cada niño sordo ahora es compartida con otros dos. Los recortes de las administraciones han sido una cosa espectacular, sin negociar nos han reducido un 10% la municipal, la autonómica y la estatal.

¿No había otra solución?
Me imagino que sí pero es que ni siquiera nos han dado la oportunidad de negociar. Nos reunieron y nos dijeron lo que había: un recorte igual para todos y, claro, las 'familias desestructuradas' que te decía antes lo notan más que las de alto poder adquisitivo...

¿Existe el riesgo de que desaparezca alguna asociación?
Ya está pasando. En Burgos, que yo sepa no, pero de nuestro sector, la sordera, sí están desapareciendo a nivel nacional.

¿Esta situación hará cambiar la forma de trabajar?

Tenemos que sentarnos y reflexionar sobre qué hacer porque el modelo no es sostenible.

¿Los Centros Especiales de Empleo resisten?
No... Y tenemos noticias contradictorias: por un lado se dice que la Administración va a asumir el 75% del salario y nosotros estamos viendo que hay recortes.
Ante semejante paisaje ¿Cómo se plantea los tres años que tiene por delante?
Sobre todo hay un problema de unidad. Me gustaría canalizar la diversidad que existe entre las asociaciones...

¿La Administración se aprovecha de esta situación?

Está claro. Divide y vencerás... Aunque a nivel local esto no pasa tanto, el movimiento asociativo de Burgos tiene fuerza, está bien articulado y más unido porque estamos en otro tipo de redes como Equalbur y tenemos presencia, incluso, en el Plan Estratégico.

Ahora van a lanzar una campaña para animar a las administraciones a incluir cláusulas sociales en sus contratos. ¿Cree que les escucharán?

Es complicado. El hecho de que las entidades sociales se encarguen de gestionar servicios -algo que no pasa en otros países- ha abierto los ojos a grandes empresas que han visto un filón y pueden argumentar, como cláusulas sociales, que también tienen personas con discapacidad. Es una lucha y deberíamos tener el apoyo de la Administración porque si no nos vamos a ver desprotegidos, discriminados y marginados

Fuente : diariodeburgos.es


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Es un trabajo, muchas veces, mal reconocido.

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lunes 31 de enero de 2011


El cuidador del enfermo terminal es fundamental y hay que protegerle




La Organización Médica Colegial y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos emitieron recientemente de manera conjunta un comunicado (ver "Médicos y Pacientes" del 18-1-11) para informar de una serie de propuestas que, a modo de orientación, ambas instituciones han decidido enviar a los políticos encargados de tramitar la nueva Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, anunciada a finales de 2010 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. El presidente de la Organización Médica Colegial, el doctor Juan José Rodríguez Sendín, aporta su reflexión en "Medicos y Pacientes" sobre algunas de estas propuestas, al tiempo que hace hincapié sobre ciertos aspectos clave que de ellas se desprenden, puesto que, en el fondo, y como señala "son viejas reivindicaciones y peticiones sobre las que hasta ahora no habíamos obtenido respuesta y hemos considerado que es el momento oportuno de volver a lanzarlas antes de que se abra el debate político para abordar el correspondiente proyecto de ley".

Sigue habiendo un máximo interés por subrayar la falta de equidad que hay a nivel de autonomías a la hora de dar respuesta a la Atención al Final de la Vida, al igual que sucede entre distintos entornos. Porque, como remarca el doctor Rodríguez Sendín, "no se muere igual en el medio rural que en el urbano y llevamos mucho tiempo diciendo que así no se puede seguir, no podemos quedarnos sin hacer nada, mientras la vida de la gente se acaba sin que hayan podido recibir todos los recursos a su alcance para que vivan sus últimos días de la mejor y más digna manera posible".


-Diferencia de recursos entre CC.AA.
No es de recibo que una persona tenga que morir de forma diferente en función de donde se encuentre, por lo que el presidente de la OMC aboga por que los cuidados paliativos y la atención al final de la vida se garanticen independientemente de donde se viva. "No sólo -añade- en lo referente a la calidad de los servicios, que sería otro de los aspectos sobre los que habría que insistir, sino remarcando la necesidad que hay de definir unos servicios y unas condiciones mínimas a cumplir y de redistribuir los recursos imprescindibles en función de los habitantes que se tengan". A juicio del doctor Rodríguez Sendín, no se trata tanto de gastar más, sino de optimizar lo que se tiene, aparte de valorar e incentivar a los profesionales que se van a ocupar de este tipo de atención".
No obstante, considera que, a nivel autonómico, se ha mejorado bastante en los últimos años, dado el esfuerzo generalizado que las CC.AA. han realizado en los últimos años para organizar a sus ciudadanos la atención al final de la vida, y que la mayoría tienen redactados sus planes específicos de cuidados paliativos, manteniéndose a la cabeza, en cuanto a cobertura poblacional, Cataluña y Extremadura, en este sentido.


-Formación específica para médicos
El doctor Rodríguez Sendín considera, asimismo, que a ello también han contribuido, sin duda, los profesionales, aunque, como subraya, "para ello hay que estar adecuadamente formados y actualizados, puesto que los médicos deben saber cuidar a los enfermos terminales de una forma especial y específica, para lo cual hay que reunir unas características especiales que no en todos se aprecian".

Desde su punto de vista, la necesidad que, en este momento, los cuidados paliativos requieren desde la vertiente profesional pasa, por un lado, por la adecuación de unas plazas específicas en los servicios hospitalarios, ya que muchas de ellas suelen ser cedidas por otras especialidades. Y, además, se precisan Equipos multidisciplinares en Paliativos con personal que realmente esté interesado en este tipo de atención médica. Por otra parte, se tiene que empezar a impartir formación en esta materia en las Facultades de Medicina. En definitiva: conocimiento, competencia y actitud son requisitos imprescindibles para asistir adecuadamente a estos enfermos. No hay que olvidar, según sus palabras, "que la profesión de médico surgió al principio de los tiempos, precisamente, para ayudar a morir a la gente".


-Desaparición de la "receta especial"
Sin embargo, los obstáculos con los que el profesional se enfrenta a la hora de atender este tipo de enfermos no acaban ahí. El doctor Rodríguez Sendín se refiere también a los problemas que hay que sortear a la hora de prescribir ciertos medicamentos destinados a controlar la escala más alta de dolor en pacientes terminales (estupefacientes, morfínicos, derivados de opioides,…) y para los que se necesita, además de la receta ordinaria, otra especial. "Se plantea, en este sentido, muchos problemas, sobre todo, los fines de semana porque ni disponen de ellas los Servicios de Urgencia, ni tampoco los médicos que hacen sustituciones, con lo cual hay enfermos a los que se les hace sufrir, innecesariamente, durante dos o tres días al no poder hacer uso de estos medicamentos tan necesarios, sobre todo, para situaciones límite".

El presidente de la OMC considera que ésta es una de las cuestiones a modificar inmediatamente. "El sentido con el que implantó este tipo de recetas especiales, hace ya muchos años, era diferente y las necesidades de control de entonces no son las mismas de ahora, es por ello que pensamos que tienen que desaparecer. No tiene sentido que este tipo de recetas sigan siendo necesarias para recetar fármacos que palien el dolor de estos enfermos".


-Ayuda exprés
Además de la supresión de este tipo de trabas, el doctor Rodríguez Sendín también pone el acento en agilizar otro tipo de ayudas tanto para el propio paciente terminal como para sus cuidadores, al considerar que la figura del cuidador "es fundamental y, por tanto, hay que protegerle". "Atender a un paciente las 24 horas del día es muy sacrificado, siendo muy normal que esta labor recaiga sobre la mujer cuidadora que, en muchas ocasiones, tiene que compaginar su vida familiar y laboral, sin pasar por alto que, en otras muchas familias, sus miembros también son personas mayores, no siendo infrecuente que al enfermo de 80 años tenga que cuidarle un hijo o hija también de edad avanzada".

En concreto, lo que se solicita desde la OMC es, por un lado, la habilitación de alguna fórmula para que el cuidador pueda disponer de un período de tiempo, libre de obligación laboral pero retribuido, para dedicárselo al paciente terminal, de forma parecida a lo establecido para que los padres puedan atender a sus hijos con cáncer. Por otra parte, "consideramos que debería existir un mecanismo exprés para que los derechos que otorga la Ley de Dependencia a estos enfermos puedan disfrutarse". "Se trata, en concreto, -explica- de poder realizar una gestión rápida de su derecho a la dependencia y que, en definitiva, puedan utilizar esos recursos que les corresponden como mejor les convenga y cuando realmente se necesitan, porque lo que no tiene sentido es que después sean los herederos los que las reciban. Por supuesto, la prestación se percibiría con un tope máximo de tiempo, no superior a seis meses y con condiciones, para evitar que nadie pudiera abusar".

El presidente de la OMC considera que se trata de medidas simples y lógicas, y que contribuirían en gran medida a la calidad de vida de estos pacientes y, de paso, a ahorrar costes y recursos hospitalarios a los que hay que recurrir cuando el enfermo no dispone de las condiciones económicas o de ayuda familiar que precisa.


-Aclarando términos
En definitiva, a lo que se aspira desde esta Organización es a que la futura Ley de Cuidados Paliativo sirva, realmente, para mejorar la calidad de los cuidados paliativos y para especificar los derechos otorgados al paciente. El doctor Rodríguez Sendín considera, al respecto, que la calidad "no es una exaltación literaria, sino que se mide y se concreta". De ahí que, incluso, el término con el que se designe la nueva normativa puede decir mucho con respecto a la verdadera voluntad de la Ley. Y es que desde la profesión médica se opta por la modificación del término "Muerte Digna". "Los profesionales no entendemos –precisa- de distinciones entre muertes dignas o indignas. La muerte es muerte y, como mucho, al profesional que tiene que atenderla 'le indigna' que es distinto, y podría utilizarse para dar un sentido que, probablemente, no le corresponda y que podría dar la sensación de que el dolor se utiliza bajo un trasfondo de rentabilidad".

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Al final se hizo justicia en este caso. ¿Y en los demás?

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Martes 01 de febrero de 2011  

 



El TSJ condena al Consell a pagar atrasos e intereses a una familia de Cocentaina por la ley de Dependencia



La ayuda fue aprobada para un niño de 12 años con parálisis cerebral, pero Bienestar Social denegó la retroactividad por no acreditarse que estuviese siendo atendido con anterioridad


La familia contestana beneficiada por la sentencia tuvo que recurrir al TSJ tras agotar la vía administrativa.

 






La familia contestana beneficiada por la sentencia tuvo que recurrir al TSJ tras agotar la vía administrativa.  R. CERVERA  


M. CANDELA


La sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ ha condenado a la Conselleria de Bienestar Social a pagar atrasos e intereses a una familia de Cocentaina, al aplicar la retroactividad en la Ley de Dependencia, que la administración autonómica había denegado inicialmente, según refleja la sentencia, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario. Es el segundo fallo judicial de estas características contra la Generalitat.

El matrimonio contestano integrado por Hipólito Agulló y Carmen Insa solicitó y obtuvo la aplicación de la Ley de Dependencia para su hijo Pau, de 12 años, por sufrir una parálisis cerebral de grado 3, nivel 2, con una minusvalía del 82%. La solicitud la cursaron el 7 de junio de 2007 y la resolución favorable la obtuvieron el 12 de septiembre de 2008, con una ayuda de 583 euros al mes.

El 8 de enero de 2009, sin embargo, Bienestar Social rechazaba aplicar la retroactividad de la medida -pese a contemplarlo la propia normativa- aduciendo que no se había acreditado que el niño estuviese siendo atendido con anterioridad. La familia, según explicó el padre, trató de apelar al Tribunal Social, pero al no conseguirlo, se dirigió al TSJ, que ha fallado ahora favorablemente.

El tribunal ha considerado que la propia Generalitat estableció en el Decreto 171/2007 que las ayudas serían válidas, de aprobarse, al día siguiente de solicitarse la prestación, lo que no se atendió en este caso. Además, considera que Bienestar Social incluyó "indebidamente" un argumento para desestimar la petición de los padres, ya que solicitó "la prueba de la prestación del servicio", incluso con alta en la Seguridad Social. "Tal requisito no viene exigido en la impugnada resolución ni en la transcrita normativa", agrega.

Más adelante, señala que la Generalitat otorgó la dependencia Grado 3, nivel 2, con una minusvalía del 82%, al hijo de la pareja, al considerar necesario el apoyo de una segunda persona para su cuidado. "Es forzoso concluir que ya la necesitaba incluso con anterioridad a la presentación", sostiene el tribunal en su alegato, del que ha sido ponente la magistrada Rosario Vidal Mas. Por ello, el Consell tendrá que devengar 14 meses de atrasos e intereses.

Hipólito y Carmen, estrechamente vinculados a la plataforma para la aplicación de la Ley de Depenencia en l'Alcoià-Comtat, destacan que es la segunda sentencia de estas características en la Comunidad Valenciana, y expresan su satisfacción porque "crea precedente para que otros casos similares que se han llegado a denunciar a los tribunales se resuelvan a favor de las personas dependientes". Por último, resaltan que la sentencia reconoce públicamente que "nos habíamos ocupado de nuestro hijo".

Obstáculos y burlas de la administración

Este matrimonio contestano explica que en los últimos años ha vivido un auténtico calvario, sobre todo moral, por caua de este conflicto. "Hemos tenido muchos obstáculos administrativos; hemos padecido cómo nos ninguneaban en los teléfonos de la conselleria, pasándonos de un departamento a otro sin respuesta, y hemos leído cómo los gobernantes valencianos se burlaba de nosotros diciendo que la ley estaba aplicándose de manera regular" También explican que tuvieron que recurrir al Síndic de Greuges, al Defensor del Pueblo, a los políticos valencianos, y "ver cómo ninguna de estas vías ha servicio para más que hacerse una foto y salir en la prensa diciendo que se preocupaban de nosotros. Hemos teniedo que ver como la Conselleria de Bienestar Social hacía caso omiso de las recomendaciones del Síndic de Greuges, aún reconociendo y aceptando que tenía razón. Hemos tenido que dejar de ocuparnos de lo verdaderamente importante, compartir nuestro tiempo con nuestro hijo, y movilizarnos y formar parte de plataformas". M. C.



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¡Hay quien de más!

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Martes, 1/2/2011, 07:06 h

ELPAIS.COM

España


Los escándalos de corrupción que afectan al PP

Dos años de pruebas contra el presidente valenciano

EL PAÍS - Madrid - 31/01/2011


 

Cuando el juez Baltasar Garzón destapó el caso Gürtel, a principios de febrero de 2009, la sospecha de que la trama corrupta podría haber echado raíces en la Comunidad Valenciana era muy leve. Las primeras órdenes que firmó Garzón se referían a contratos supuestamente amañados en Ayuntamientos gobernados por el PP en la zona rica de la Comunidad de Madrid.

En la documentación que acumulaba la instrucción judicial había cientos de folios con la transcripción de conversaciones grabadas por un ex concejal del PP en Majadahonda con el jefe de la trama, Francisco Correa, y algunos directivos de las distintas empresas de la red. En una de esas conversaciones, Isabel Jordán, responsable de la empresa que montaba los actos para el Gobierno de Madrid, reconocía haber pagado 30.000 euros de trajes de la tienda Milano para Francisco Camps, presidente valenciano.

A partir de este hilo, la Fiscalía Anticorrupción investigó a conciencia hasta destapar una trama de corrupción en la Comunidad Valenciana que alcanza a Camps, a algunos altos cargos de su Gobierno y a la financiación del PP en esa autonomía.

Regalos de Gürtel

Desde aquel mes de febrero de 2009 hasta hoy han pasado dos años de investigación judicial llena de sobresaltos. En otoño de 2009, Camps respiraba tranquilo porque el Tribunal Superior de Justicia de Valencia -cuando el juez que instruía su caso había decidido sentarlo en el banquillo- archivó la causa. Pero el Supremo volvió a reabrirla.

Desde entonces, el sumario acumula decenas de pruebas sobre el supuesto cohecho impropio en que incurrió Camps.

Durante varios ejercicios y en distintas épocas de los años 2005, 2006 y 2007, las empresas de la trama Gürtel pagaron varias decenas de miles de euros en prendas de vestir regaladas a cinco cargos del PP en Valencia, entre ellos el presidente Camps; el entonces secretario general del PP, Ricardo Costa; y el entonces director general de la televisión autonómica, Pedro García. Estos dos últimos dejaron sus cargos tras el escándalo.

Los regalos coincidieron con la adjudicación de contratos sin concurso en la Comunidad Valenciana a Orange Market, la empresa de la red Gürtel que operaba en Valencia. Camps aseguró al juez que pagó los trajes en metálico y en la tienda pero ningún empleado lo confirmó, más bien al contrario.


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Y eso que no son todos los registrados...

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Sevilla

Un informe de CCOO refleja que más de 6.000 personas perdieron sus empleos durante 2010



Rechaza la Zona Franca y recuerda que la Cámara de Comercio y la Autoridad Portuaria ya habían desechado esta iniciativa



Un informe elaborado por la organización sindical CCOO refleja que más de 6.000 trabajadores han perdido sus puestos de empleo en la provincia de Sevilla durante 2010, advirtiendo además de que la reciente reforma laboral solo ha incrementado la precariedad del mercado laboral.

El secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, junto a la secretaria provincial de Empleo, Teresa García, han explicado que el estudio "refleja claramente que la reforma laboral no ha tenido ningún efecto sobre la creación de empleo en la provincia, sino todo lo contrario". Lejos de vislumbrarse una salida de la crisis a medio o largo plazo, CCOO de Sevilla demanda de nuevo al Gobierno "la inversión productiva como camino útil para la generación de empleo y la recuperación económica de la provincia".

El informe, tal y como ha señalado Alfonso Vidán, refleja que "2010, lejos de haber sido un año de recuperación, se ha mostrado como un alargamiento de la crisis sumado al cambio de actitud del Gobierno que, supeditado a los intereses del capital financiero, ha realizado reformas que han supuesto un retroceso de los derechos laborales y sociales".

Para Vidán, "los costes laborales no son responsables ni de la crisis ni del paro", apuntando a que en los seis primeros meses de la puesta en marcha de reforma laboral, "ha quedado demostrado como modificar las condiciones del mercado de trabajo no ha servido para crear empleo, sino para precarizar, aún más, el ya existente". Los más de 209.000 desempleados y desempleadas de la provincia demuestran los escasos efectos de las medidas del Gobierno, según defiende Vidán, porque "en el conjunto del país, 100.000 personas han perdido su empleo desde la puesta en marcha de la reforma laboral".

CCOO ha demandado, una vez más, inversión productiva para la provincia de Sevilla, "como única vía de recuperación económica", además de la necesidad de otras medidas como la diversificación del tejido productivo, el aprovechamiento real de los nuevos yacimientos de empleo y la consolidación de logros sociales como la Ley de Dependencia. El sindicato ha apuntado también al refuerzo de la protección social, "en unos momentos tan delicados para muchas personas, ya que en el provincia uno de cada cuatro parados no percibe prestación económica alguna".

Por su parte, la secretaria de Empleo, Teresa García, ha desgranado el contenido del estudio realizado que como dato más preocupante refleja que "durante 2010, hasta 6.000 sevillanos y sevillanas han perdido su puesto de trabajo". El año pasado se ha cerrado con 209.300 personas en situación de desempleo, frente a los 203.027 que comenzaron el año, y los 118.570 que registraba el SAE a finales de 2007.

Para la responsable de Empleo de CCOO de Sevilla, "es también muy significativo que la reforma laboral, como demuestran los datos, no ha servido para crear empleo, sino todo lo contrario, ha precarizado el ya existente y ha eliminado políticas activas de empleo para la reincorporación de las personas desempleadas al mercado laboral".

Otros datos significativos del informe son los relativos al paro por sexos: la tasa de paro masculina ha aumentado significativamente desde la entrada de la crisis, con un 48,5 por ciento a finales de 2010, frente al 36 por ciento registrado a finales de 2007. "Se demuestra el efecto real que sobre el empleo masculino está teniendo la crisis económica, si bien la mujer que ya soportaba altas tasas no ha experimentado cambios significativos".

Por edades, Teresa García ha señalado que "el sector de población que más ha sufrido el desempleo durante 2010 ha sido el comprendido entre 25 y 45 años". Un dato muy preocupante al que se suma el aumento de la población activa durante 2010, situada en 910.000 personas. Con respecto a los datos de contratación, éstos son igualmente preocupantes: la diferencia porcentual del número de contratos temporales de 2007 a 2010 se ha situado en un 22,67 por ciento menos, es decir, en 2010 se han realizado más de 200.000 contratos temporales menos que en 2007. En la misma línea se muestra la contratación indefinida.

Reforma laboral

Teresa García ha señalado, con respecto a la reforma laboral, que "en seis meses no ha aportado elementos cuantitativos y cualitativos para la reducción de la temporalidad que se mantiene como una foto fija en la provincia de Sevilla". En este sentido, ha apuntado que "la contratación indefinida es la menos utilizada por los empresarios sevillanos que, incluso, no se han servido de los nuevos modelos de contratación que contempla la reforma laboral, utilizando a ésta tan sólo para adelgazar las plantillas de sus empresas".

En la caída progresiva de la contratación indefinida de la provincia se encuentran en primer lugar los menores de 30 años, "tendencia alarmante y que viene a decirnos que la generación de jóvenes mejor formada de la historia más reciente de España no encuentra trabajo".

En el apartado de ocupaciones en la provincia, el informe refleja que las profesiones de camareros, dependientes y otras actividades del sector servicios, están ocupadas por jóvenes menores de 30 años. Es significativo en este capítulo que el mayor número de contrataciones, hasta 190.000 pertenecen al sector agrícola, "reflejando el aumento de trabajadores en el campo a consecuencia de la crisis". El secretario general de CCOO de Sevilla ha concluido la presentación del informe señalando que "la situación descrita no te permite ser optimista para 2011. Sin embargo, el reciente acuerdo sobre las pensiones puede suponer un punto de partida para la generación de medidas por parte del Gobierno que ayuden a la generación de empleo".

Zona franca

El secretario de Políticas Sectoriales de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha manifestado de su lado este lunes el rechazo del sindicato a la moción aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Sevilla, para la implantación de una Zona Franca en el Puerto. El responsable sindical ha expresado en un comunicado su "incredulidad" por la falta de rigor que muestran este tipo de propuestas, "más propias del siglo XIX que del XXI".

La iniciativa, según ha dicho, "es antigua y fue rechaza hasta por la Cámara de Comercio y la propia Autoridad Portuaria en su día, por lo que no se entiende que hoy se vuelva a presentar". "Si no es debido a la falta de proyectos innovadores de cara a la campaña, no se entiende que se desentierren ahora ideas de este tipo", ha declarado Aristu.

El responsable sindical ha aclarado que el proyecto de implantar una Zona Franca en el ámbito portuario no tiene sentido en el contexto actual, en el que el comercio ha sido liberalizado en su mayor parte y, por ende, los aranceles han sido reducidos a su mínima expresión. De igual forma, Aristu ha recordado que un estudio elaborado por la Cámara de Comercio y la Autoridad Portuaria en 2008 concluyó que "no resultaba necesario potenciar la creación de una zona fiscalmente exenta en sevilla".


Fuente: 20 minutos


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Es insuficiente mientras quede un menorquin sin sus derechos.

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Gomila defiende su gestión en Acció Social

y afirma que 1.852 menorquines ya

se han beneficiado de la Ley de DependenLa consellera Noemí Gomila se defendió de las críticas del PP, que la acusó de cia



































Un total de 1.852 personas se han beneficiado hasta hoy en Menorca de la Ley de Dependencia, cuyo desarrollo está previsto que culmine en el 2015. De esta cifra, 1.450 ya han sido valoradas por los técnicos del Consell.

Así lo ha explicado este lunes en el pleno de la institución menorquina la consellera de Acció Social, Noemí Gomila, en respuesta a una interpelación del Grupo Popular en torno a la gestión desarrollada durante el último año por la responsable del área.

La consellera socialista defendió la gestión realizada por el departamento de Acció Social del Consell y la Conselleria d'Afers Socials del Govern para impulsar la Ley, que, según adelantó días atrás la consellera balear, Fina Santiago, abrirá la puerta para que puedan incorporarse al Sistema de Dependencia otros 7.000 beneficiarios de las Illes con el grado 1 del nivel 2 de dependencia (hasta ahora, sólo podían hacerlo las personas con un grado 2 ó 3 de discapacidad). En este sentido, Noemí Gomila aseguró que la extensión de las ayudas a las personas con discapacidad moderada supone "un paso más en el despliegue de la Ley". Insistió que este trabajo "merece toda la dedicación y todo el esfuerzo que estamos virtiendo día a día, tanto desde el Consell insular como desde la propia Conselleria".

Gomila añadió, por otro lado, que el Consorcio de Recursos Socioasistenciales financia actualmente el 80% del coste total de las plazas residenciales y de centros de día de Menorca, a través de la Ley de Dependencia, dando así cumplimiento -remarcó- al Estatuto de Autonomía.

La consellera del Grupo Socialista se defendió, durante su intervención, de las críticas de la consellera del PP, Marianna López Oleo, que acusó a la socialista de "vender humo" y de incumplir reiteradamente sus promesas en relación a cuestiones como el calendario de apertura del centro de día de Alzheimer de Ciutadella, la definición del futuro uso que se dará al antiguo Hospital Verge del Toro de Maó o la puesta en marcha del reglamento del Consell de Gent Gran.

Sobre los continuos aplazamientos de la promesa de ver inaugurado el centro de día de Alzheimer, que, según recordaron los populares, se remontan al año 2007, Noemí Gomila acusó a López Oleo de "faltar al respeto a los ciudadanos". "Aquí no vendemos humo ni vendemos nada, sólo ponemos servicios a disposición de las personas", espetó. Recordó que si el proyecto se ha retrasado en relación a los plazos que se han ido anunciando ha sido, entre otras cosas, debido a las dificultades que surgieron para que el Ajuntament de Ciutadella pudiera realizar la cesión del solar. "El edificio ya está en obras, y marchan conforme a lo previsto", aseguró.

Sobre el reglamento del Consell de Gent Gran, cuya entrega ha ido retrasando a los populares, señaló que "ya está hecho" y aseguró a López Oleo que "se lo entregaré antes que acabe esta misma semana".

Por último, en relación a la definición de los posibles usos futuros de la antigua Residencia de Maó, de cuyo debate se ha marginado al PP, según la formación conservadora, Noemí Gomila recordó que "es la Conselleria de Salut la que debe liderar la planificación para crear un espacio de participación abierto a todos para que cada cual pueda decir lo suyo sobre los futuros usos del edificio". También remitió al Govern tras ser inquirida por Marianna López Oleo sobre la creación del segundo centro de salud de Ciutadella. Gomila recordó a la consellera del PP que "la competencia es de la Conselleria de Salut y es a esta administración a la que compete realizar los estudios necesarios".



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Todavía resulta insuficiente, si es que queda alguno sin sus derechos.

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La consellera Noemí Gomila se defendió de las críticas del PP, que la acusó de

La consellera Noemí Gomila se defendió de las críticas del PP, que la acusó de




Gomila defiende su gestión en Acció Social y afirma que 1.852 menorquines ya se han beneficiado de la Ley de Dependencia


































Un total de 1.852 personas se han beneficiado hasta hoy en Menorca de la Ley de Dependencia, cuyo desarrollo está previsto que culmine en el 2015. De esta cifra, 1.450 ya han sido valoradas por los técnicos del Consell.

Así lo ha explicado este lunes en el pleno de la institución menorquina la consellera de Acció Social, Noemí Gomila, en respuesta a una interpelación del Grupo Popular en torno a la gestión desarrollada durante el último año por la responsable del área.

La consellera socialista defendió la gestión realizada por el departamento de Acció Social del Consell y la Conselleria d'Afers Socials del Govern para impulsar la Ley, que, según adelantó días atrás la consellera balear, Fina Santiago, abrirá la puerta para que puedan incorporarse al Sistema de Dependencia otros 7.000 beneficiarios de las Illes con el grado 1 del nivel 2 de dependencia (hasta ahora, sólo podían hacerlo las personas con un grado 2 ó 3 de discapacidad). En este sentido, Noemí Gomila aseguró que la extensión de las ayudas a las personas con discapacidad moderada supone "un paso más en el despliegue de la Ley". Insistió que este trabajo "merece toda la dedicación y todo el esfuerzo que estamos virtiendo día a día, tanto desde el Consell insular como desde la propia Conselleria".

Gomila añadió, por otro lado, que el Consorcio de Recursos Socioasistenciales financia actualmente el 80% del coste total de las plazas residenciales y de centros de día de Menorca, a través de la Ley de Dependencia, dando así cumplimiento -remarcó- al Estatuto de Autonomía.

La consellera del Grupo Socialista se defendió, durante su intervención, de las críticas de la consellera del PP, Marianna López Oleo, que acusó a la socialista de "vender humo" y de incumplir reiteradamente sus promesas en relación a cuestiones como el calendario de apertura del centro de día de Alzheimer de Ciutadella, la definición del futuro uso que se dará al antiguo Hospital Verge del Toro de Maó o la puesta en marcha del reglamento del Consell de Gent Gran.

Sobre los continuos aplazamientos de la promesa de ver inaugurado el centro de día de Alzheimer, que, según recordaron los populares, se remontan al año 2007, Noemí Gomila acusó a López Oleo de "faltar al respeto a los ciudadanos". "Aquí no vendemos humo ni vendemos nada, sólo ponemos servicios a disposición de las personas", espetó. Recordó que si el proyecto se ha retrasado en relación a los plazos que se han ido anunciando ha sido, entre otras cosas, debido a las dificultades que surgieron para que el Ajuntament de Ciutadella pudiera realizar la cesión del solar. "El edificio ya está en obras, y marchan conforme a lo previsto", aseguró.

Sobre el reglamento del Consell de Gent Gran, cuya entrega ha ido retrasando a los populares, señaló que "ya está hecho" y aseguró a López Oleo que "se lo entregaré antes que acabe esta misma semana".

Por último, en relación a la definición de los posibles usos futuros de la antigua Residencia de Maó, de cuyo debate se ha marginado al PP, según la formación conservadora, Noemí Gomila recordó que "es la Conselleria de Salut la que debe liderar la planificación para crear un espacio de participación abierto a todos para que cada cual pueda decir lo suyo sobre los futuros usos del edificio". También remitió al Govern tras ser inquirida por Marianna López Oleo sobre la creación del segundo centro de salud de Ciutadella. Gomila recordó a la consellera del PP que "la competencia es de la Conselleria de Salut y es a esta administración a la que compete realizar los estudios necesarios".



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