CCOO pide a los poderes autonómicos que miren hacia la ONCE
El sindicato se concentrará la próxima semana, entre el 10 y 12 de mayo, ante los parlamentos autonómicos para exponer el empobrecimiento económico y social de la ONCE.
La ONCE seguirá movilizándose durante los días 10 y 12 de mayo.
Entre los días 10 y 12 de mayo, los delegados y delegadas de CCOO de la ONCE, junto a otros sindicatos y organizaciones internas de la Entidad, se concentrarán ante la sede de los parlamentos autonómicos, en todo el territorio nacional, para sensibilizar a los poderes públicos autonómicos sobre el deterioro económico y social que se produce en la ONCE desde hace años, entregando un informe en el que se documenta esta afirmación y se efectúan propuestas para reconducir la actual situación.
La ONCE es legalmente una institución social, sin ánimo de lucro y de fuerte carácter público desde su fundación. Da empleo directo a 25.500 trabajadores y trabajadoras, e indirecto, a muchos miles más, además de tener delegada la atención especializada a las personas con discapacidad visual severa. Por ello, el deterioro económico y social, denunciado por CCOO y otras organizaciones sindicales y políticas internas, creará un problema social a corto plazo, recayendo en el erario público, obligando a la administración autonómica a asumir la atención de las personas ciegas y deficientes visuales y al Estado a tener que asumir el pago de pensiones o habilitar prestaciones que hasta ahora se asumen por la ONCE, cumpliendo además la función institucional de integración laboral y de generación de empleo.
CCOO, junto a otros sindicatos y organizaciones internas de la ONCE, denuncia que se está perdiendo empleo a marchas forzadas; se está precarizando el existente; se ha truncado la integración laboral de las personas ciegas mediante el acceso a la venta de sus productos; se ha iniciado la venta de éstos por canales ajenos a las personas con discapacidad (gasolineras, estancos y quioscos de prensa); se está trasladando la atención de las personas ciegas hacia las administraciones.
Asimismo, denuncia que se ha cerrado uno de cada tres centros ONCE; se está trasladando a suelo público edificios destinados a su función institucional para vender los propios; se realiza una gestión comercial errática y desprofesionalizada que multiplica la pérdida de ventas y, por el contrario, se mantienen sueldos directivos opacos y más equiparables a las corporaciones privadas que a las administraciones públicas.
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