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Si no salvo mis ideales, no me salvo a mi.







maito:%20msierrahoyos@gmail.com







































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martes, diciembre 18, 2007


"Si tuviera un martillo,
golpearía en la mañana,
golpearía en la noche,
por todo el país...
Alerta el peligro,
debemos unirnos
para defender la igualdad"
(Ni con un Cristo en la mano, creo yo a estos personajes)

De izquierda a derecha: la gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, Milagros Marcos; la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce; el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, César Antón, y la directora del Imserso, Natividad Enjuto. / F. ALVARADO-EFE

http://www.nortecastilla.es/20071218/castilla-leon/junta-gobierno-desbloquean-financiacion-20071218.html

La Junta y el Gobierno desbloquean la financiación de la Ley de Dependencia
El Ejecutivo regional aportará para el 2007 33.344.404 euros y el central, 17.800.171Castilla y León es la segunda comunidad de España en firmar este acuerdo



DATOS

Financiación para la Ley de Dependencia en Castilla y León para el 2007: 51.144.575 euros. De los cuáles la Junta aportará 33.344.404 y el Gobierno central 17.800.171.

Solicitudes: 20.305 castellanos y leoneses han solicitado acogerse a la ley. 15.048 ya han sido valoradas y 3.046 resueltas. El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, César Antón, y la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce, firmaron ayer el convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la comunidad de Castilla y León para el desarrollo del Marco de Cooperación Interadministrativa para la Ley de Dependencia. Un texto imprescindible para poder recibir la financiación prevista para el 2007 para la aplicación de dicha ley y que debe de renovarse cada año. El acuerdo establece que la Junta aportará este año 33.344.404 euros para la financiación del nivel de protección acordado, mientras que la Administración General del Estado aportará 17.800.171. euros.

Esa cantidad servirá para costear de manera retroactiva la asistencia que han recibido las personas con grado tres de discapacidad (las únicas que pueden beneficiarse de la ley en el 2007) y para aquellas a las que les corresponda prestación económica. La ayuda se les otorgará desde el momento en el que solicitaron beneficiarse de esta ley.

En lo que va de año, 20.305 castellanos y leoneses han presentado sus solicitudes para acogerse a las ayudas de este texto recientemente aprobado. «Nosotros nos hemos comprometido a que en los seis meses siguientes de haber presentado la solicitud debe de haber sido establecido el grado de dependencia», señaló el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, que explicó que 15.048 ya han sido valoradas y 3.046 ya tienen resolución. De este último grupo, se beneficiarán de la ley en el 2007 aquellas que hayan sido evaluadas con un grado tres.

El consejero, que lamenta que el convenio de este año se haya firmado tan tarde, reconoce que todavía «falta por regular la capacidad económica para poder ofrecer la prestación a las personas con discapacidad que les corresponda». La Junta de Castilla y León, por otro lado, ha interpretado que el objeto de financiación no debe ser otro que las prestaciones a los ciudadanos, por eso ha destinado el total de su aportación en el convenio a la atención a las personas dependientes de la región, corriendo la comunidad con los gastos derivados de la gestión del sistema.

Cuantías abiertas

La Junta también ha defendido la idea de que las cuantías que se transfieran a las comunidades autónomas en aplicación de la Ley de Dependencia no sean cerradas, sino que contemplen la posibilidad de modificarla «dado que el número real de beneficiarios y sus necesidades pueden variar en función de las solicitudes, de las evaluaciones y de los Planes Individuales de Atención que se vayan aprobando», dijo el consejero.

La firma de ayer convierte a Castilla y León en la primera región en rubricar el convenio en un mismo acto y la segunda en firmarlo de todo el territorio nacional. «Esto demuestra que no era Castilla y León la que bloqueaba el desarrollo de la Ley de Dependencia», dijo el consejero, que explica que varios cientos de ciudadanos de Castilla y León ya están recibiendo desde hace meses asistencia domiciliaria y que han tenido a su disposición plazas residenciales.

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