El ‘Robin Hood’ de la Ley de Dependencia pone
en jaque a la Generalitat
Antonio Moreno, de Papás de Álex (Archivo)
El Estado del Bienestar se pierde por las ventanillas de los funcionarios. Más de un millón de personas han solicitado desde 2007 la ayuda a la dependencia y, aunque la ley que la regula establece un plazo máximo de seis meses para conseguirla, sus mecanismos son tan complejos y la burocracia tan engarzada que ese plazo no se cumple nunca. Desde hace dos años la asociación Papás de Álex asesora legalmente a las familias para que las personas dependientes reciban la asistencia o cobren el dinero lo antes posible.
“¿Por qué cuando un ciudadano se queda fuera de plazo para cualquier trámite, es sancionado, mientras que las administraciones juegan impunemente con los límites de tiempo y con las personas?”. Esta es la reflexión bandera de Antonio Moreno, que fundó junto con su mujer, Josefina, la asociación Papás de Álex, que trabaja ya a más de 290 familias y "vela porque la administración facilite la asistencia que cada persona se merece por ley”.
Tanto a Antonio como a su asociación les conocen bien en la Generalitat de Cataluña, donde lo califican de “combativo” y “poco comprensivo”. Pero él lo tiene claro: “¿Por qué tardan tanto en aplicar la Ley de Dependencia? Porque nos dejamos”, asegura. “Ellos juegan a eludir responsabilidades, pero bien que buscan los votos en las elecciones”.
Desde Papás de Álex han resuelto 104 casos, de los cuáles 10 han necesitado intervención judicial. Esa decena de expedientes, según Antonio, fue estimada antes de llegar a juicio, “lo que deja en evidencia cuál de las partes tiene razón”, sentencia.
La asociación se ha ido forjando con casos como el de Balbina, una barcelonesa que fue diagnosticada en 2009 por la Generalitat como paciente de grado 3.2, el de mayor gravedad que existe. A sus 81 años sufría leucemia, diabetes dependiente, esquizofrenia y, además, no podía moverse. Para su hijo Javier Clemente, la ayuda podría haber sido una vía de escape hacia una vida mejor, pero paradójicamente se convirtió en otro calvario añadido, en este caso administrativo, que a día de hoy no ha visto solución alguna.
Javier solicitó la ayuda a las administraciones municipales de Barcelona el 19 de noviembre de 2007, con la Ley de Dependencia ya en la mano. A día de hoy ni él ni su madre han percibido nada. Lo único que sabe es que el suyo es un caso de dependencia extrema, “algo que tardaron más de dos años en diagnosticarle”.
Tras la clasificación, el siguiente trámite necesario para percibir la ayuda (económica o asistencial) se conoce como el PIA; un informe que establece la cuantía de esa ayuda atendiendo a las necesidades de cada caso.
Esperando este trámite su madre falleció, en julio de 2009. Tres meses después desde la Generalitat le comunican que al no haber hecho el PIA no saben cuánto debía cobrar y que por ello no puede recibir ninguna prestación de forma retroactiva. Javier, autónomo y pintor de oficio (ahora en paro por la crisis) se siente engañado, impotente y abandonado por la administración.
Cada autonomía, un mundo
Desde la Generalitat aseguran que la escena que dibujan desde Papás de Alex se aleja bastante de la realidad, aunque reconocen la complejidad de la ley y las dificultades que conlleva su tramitación, principalmente porque intervienen administraciones estatales, municipales y autonómicas. Al tiempo, fuentes oficiales destacan que el problema no es “ni mucho menos” exclusivo de Cataluña, algo que ya constató con anterioridad este periódico, y que, con todo, “hay comunidades muy a la cola”. Para Antonio, estas son las excusas que evidencian “la frágil sensibilidad de la administración con respecto a las personas”.
Según los datos que manejan en la Generalitat, en Cataluña ha habido 190.000 peticiones, de las cuales, por su grado de gravedad, 143.000 tenían derecho a la ayuda. De éstas, cerca de 100.000 ya se encuentran con el PIA elaborado, aunque tampoco cuentan con datos oficiales sobre cuántas de éstas personas están cobrando ya la ayuda a la dependencia. Reconocen tener una comunicación “regular” con Papás de Alex. Antonio asegura que la cifra está en torno a las 70.000, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, lo que implicaría menos de la mitad de las solicitudes concedidas.
Mientras, Javier Clemente se encuentra bajo el paraguas de la asociación esperando una resolución judicial a su caso. “Tenía prisa cuando ella vivía, pero ahora tengo todo el tiempo del mundo”, reconoce.
Para Javier cobrar la ayuda a la dependencia prometida por el Gobierno no es ya una cuestión de dinero, sino de justicia. “Reconozco que me he encontrado gente muy amable en la administración que querían ayudarme y no podían, pero dos años para notificarme el grado de discapacidad de mi madre me parece inexcusable. Tener que dejar tu trabajo para atender a tu madre, por lo que sea, porque no puedes costearte una atención a tiempo completo cuando hay una ley que me ampara… Yo he visto mala fe en lo que me ha sucedido –asegura-. He sentido como si realmente hubiera gente empeñada en que la ayuda no me llegara”.
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