Por CARLOS MARÍN CALERO
Una ley internacional denominada Convención de Nueva York, aprobada en diciembre de 2006, reconoce a las personas con discapacidad, a todas ellas, el derecho a controlar sus propios asuntos económicos. Claro que no es ese el único derecho que les reconoce; también el de elegir con quién y cómo vivir, no viéndose obligados a llevar un modo de vida "específico", el derecho a recibir una educación inclusiva, en escuelas ordinarias, a recibir formación para el empleo, en el mercado laboral ordinario, así como, por no citarlos todos, a formar su propia familia, en su propio hogar.
Y la verdad es que unas cosas son consecuencia de otras; no parece posible vivir una vida completa si no se tiene la capacidad de controlar los propios asuntos económicos. Asuntos que, generalmente, no serán grandes inversiones ni complicadas operaciones financieras, pero sí saber dónde está nuestro dinero y cómo podemos disponer de él; poder alquilar o, con más suerte, comprar la vivienda en la que habitemos, vivir un poco a crédito, como hace todo el mundo; dejar nuestros bienes a los herederos que libremente elijamos, así como poder heredar a otros familiares. Ese tipo de asuntos.
¿Hacen esas cosas, realmente, las personas con discapacidad, todas las personas con discapacidad?. Si atendemos a la experiencia personal, casi todo el mundo conoce a personas con grave retraso mental o con Alzheimer, que parecen estar un tanto o un mucho ausentes de sus propias vidas y que no sabrían de ninguna manera controlar sus propiedades.
Claro que, si tiramos de esa misma experiencia personal, veremos que hace veinte o treinta años pocos hubiéramos podido imaginar que habría personas con síndrome de Down, por ejemplo, que trabajan en empresas ordinarias; o que aquellas que sólo iban por la calle de la mano de un adulto, ahora recorren solas su ciudad; o que viven fuera del hogar paterno.
Si algo ha demostrado la experiencia de los últimos años, es que la discapacidad es el resultado de una sociedad que no está diseñada para todo el mundo, y que perfectamente se podría organizar de una manera diferente, más accesible y más justa, y entonces se vería -se está viendo- que las personas con discapacidad pueden hacer muchas más cosas de las que se piensa. Esto ha sido evidente y sencillo de entender en el caso de las barreras arquitectónicas, pero no es menos cierto en el caso de la discapacidad intelectual.
Las personas con discapacidad intelectual, con el lenguaje adecuado, con la paciencia adecuada, con el apoyo adecuado, con la instrucción adecuada, con el aprendizaje controlado adecuado, yendo de menos a más, pueden aprender a entender, opinar y controlar sus asuntos económicos como han hecho con sus estudios, con su ocio, con su trabajo y, en general, con todos las demás aspectos de su vida social.
Y claro está que no todas las personas con discapacidad llegarán a todo, ni siquiera con los mayores apoyos. Pero ese no es un problema social nuevo, se da en muchas personas y en muchas facetas de la vida; ocurre, por ejemplo, en el caso de los niños, o en el de las personas que están inconscientes, en la cama de un hospital.
Y la respuesta, en todos esos casos, no ha sido la de incapacitar y nombrar un tutor. Basta con que otros se ocupen, transitoriamente, pero durante el tiempo necesario, de los asuntos de quien no puede atenderlos, pero no haciéndose pasar por ellos, que es lo que significa la tutela, sino ofreciéndoles ayuda.
Lo que una persona no sepa hacer no hay por qué prohibírselo, sino en todo caso ofrecerle ayuda para que lo aprenda. Aunque no sirva para todas, las personas con discapacidad tienen derecho a que se les ofrezca un horizonte de vida tan ambicioso como a todas las demás personas de la sociedad. Luego, cada cual se quedará donde pueda o quiera, pero sin prejuicios de entrada. Máxime, si esas cortapisas sólo se le aplican a un colectivo que tiene difícil defenderse por sí mismo.
Las personas con discapacidad intelectual no tienen por qué comparecer obligatoriamente delante de un juez y someterse a un examen para demostrar lo que saben hacer. Tienen derecho a controlar sus asuntos económicos, por sí mismas, aunque no lo sepan hacer del todo bien, aunque se equivoquen y tienen derecho a pedir que se les ayude en esa tarea. Ayuda para no perjudicarse a sí mismas, pero sin que consista en dejarlas apartadas en un rincón mientras otros, lo que sí saben, se ocupen de todo, sin contar con sus preferencias.
Y tienen derecho a que esas ayudas no se conviertan en abusos. No es justo presuponer que las personas que rodean a las que tienen discapacidad no tienen otra mira que aprovecharse de ellas, pero es cierto que a veces, aunque sean pocas, hay abusos y es función de todos los servicios jurídicos del Estado velar porque no haya influencias indebidas. Claro está que es más fácil prohibir que vigilar, y que si se prohíbe aconsejar se impide la manipulación, pero esa respuesta no sería proporcionada ni justa, y además redundaría en perjuicio de la persona con discapacidad, que perdería el apoyo que necesita para ser protagonista de su propia vida.
Desde el punto de vista técnico, todo lo dicho se traduce en la necesidad de reformar nuestra legislación, para hacer desaparecer la tutela y los juicios de incapacitación, para programar el mecanismo de los apoyos, de modo que cumplan una buena función, sin perjudicar. Es una tarea delicada, que a veces obliga a ser cuidadoso para no 'tirar al niño con el agua sucia', pero que los juristas profesionales sabemos o debemos de saber hacer.
En tal sentido, en el Colegio Notarial de Valencia un grupo de profesores de universidad, fiscales y notarios nos hemos puesto a trabajar y hemos diseñado un mecanismo específico. Lo ponemos a disposición de la sociedad, empezando como es lógico por las propias personas con discapacidad, sus padres y sus asociaciones representativas. Lo ponemos a disposición de los políticos y de los legisladores, de toda España, para que se pongan manos a la obra y hagan los cambios legales necesarios para que, en un futuro inmediato, ya mismo, las personas con discapacidad puedan abandonar la tutela de otras y controlar sus propias vidas, con los apoyos que necesiten y que nosotros, el resto de la sociedad, les daremos.
CARLOS MARÍN CALERO | NOTARIO DE GANDIA Y DIRECTOR DEL INSTITUTO NOTARIAL VALENCIANO PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Fuente: Las provincias.es
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