Por Mª Ángeles Sierra.
El pasado día 30 de Julio la Asociación Consumidores en Acción FACUA, recibía de Doña Pilar Forjas Abadía, firmado de su puño y letra como presidenta de Instituto Nacional de Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, regentado por Ana Mato como Ministra, amenaza de decreto de pérdida de condición de asociación de consumidores y usuarios, así como su exclusión del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
Entre otras lindezas y perogrulladas contenidas en dicha autoritaria y dictatorial comunicación, nada propias de una representante ministerial y que como consumidora y/o usuaria de las políticas de este país no me parece de recibo, se acusa a FACUA además de por sus campañas en defensa de los consumidores y usuarios, textualmente de lo siguiente:
“ … el que una asociación pretenda configurarse como una Asociación de Consumidores y Usuarios argumentando que defiende los derechos de los estudiantes como consumidores de productos de enseñanza no es admisible, ya que los estudiantes no consumen ni utilizan productos de enseñanza, sino que son los destinatarios o receptores de una prestación de servicio público que les facilita la Administración Pública competente en cumplimiento y desarrollo de un derecho constitucional y sin que medie una relación contractual entre la Administración y el estudiante.”
Resulta pues notorio el desconocimiento y la desobediencia por parte de esta señora a través de su misiva de la Legislación vigente, así como la temeridad de actuación en su proceder debido a su supina ignorancia, sobrada razón, para que sea cesada de inmediato.
Como usuaria que soy, repito, de la Legislación y políticas de este país, sin entender mucho de legislación pero sí de política por considerar que ésta es sin duda una de las actividades sociales más indiscutibles además de necesaria del género humano, me he tomado la molestia de dar un vistazo a la legislación de la que todos somos usuarios conforme a la misiva enviada por esta señora y esto es lo que a groso modo me he encontrado:
La Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación firmada por Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno en Funciones y refrendada por el Rey vino a dar respuesta, además de forma, a lo acordado en el dictamen de 28 de enero de 1998 del Comité Económico y Social de la Unión Europea dada la importancia que presentan la asociaciones para la conservación de la democracia.
Así mismo vino a desarrollar el artículo 22.1 y 51 entre otros, de la Constitución Española en los que se reconoce el derecho de asociación y la garantía a través de los poderes públicos de la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos y que hasta la fecha venía siendo regulado a través de la Ley 191/1964 de 24 de diciembre, que a través de la disposición derogatoria única de esta misma Ley Orgánica, queda derogada, entre otras cosas por tratarse de una Ley preconstitucional y perteneciente al sistema dictatorial en el que vivió España durante los años del franquismo.
Igualmente el Capítulo III de la Constitución de los principios rectores de la política social y económica, determina a través de su artículo 51 que: “Los poderes Públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.”
En la Exposición y Motivos I de la Ley Orgánica se dice textualmente: “Al organizarse, los ciudadanos se dotan de medios más eficaces para hacer llegar su opinión sobre los diferentes problemas de la sociedad a quienes toman las decisiones políticas. Fortalecer las estructuras democráticas en la sociedad revierte en el fortalecimiento de todas las instituciones democráticas y contribuye a la preservación de la diversidad cultural.”
También en la Exposición y Motivos VI se dice textualmente: “Resulta patente que las asociaciones desempeñan un papel fundamental en los diversos ámbitos de la actividad social, contribuyendo a un ejercicio activo de la ciudadanía y a la consolidación de una democracia avanzada, representando los intereses de los ciudadanos ante los poderes públicos y desarrollando una función esencial e imprescindible, entre otras, en las políticas de desarrollo, medio ambiente, promoción de los derechos humanos, juventud, salud pública, cultura, creación de empleo y otras de similar naturaleza, para lo cual la Ley contempla el otorgamiento de ayudas y subvenciones por parte de las diferentes Administraciones públicas conforme al marco legal y reglamentario de carácter general que las prevé, y al específico que en esa materia se regule legalmente en el futuro.
Y ya para finalizar por mi parte esta exploración, en el capítulo VII de garantías jurisdiccionales en su artículo 38.1 de disolución judicial establece que: “Salvo los supuestos de disolución por voluntad de los asociados, las asociaciones sólo podrán ser suspendidas en sus actividades, o disueltas, por resolución motivada de la autoridad judicial competente.”
Dicho esto, en base a la legislación vigente y como defensora de los derechos políticos, sociales y humanos que como consumidora y usuaria de los mismos me son sin duda inherentes, no me queda más que advertir que lo que esta señora ha cometido, es sin duda un acto de coacción y amenaza que perjudica seriamente los intereses generales de la sociedad, además de un serio atentado contra la institución a la que representa, por pretender hacerla contravenir en su nombre los derechos que supuestamente salvaguarda también en interés general de la sociedad, por lo que lo más sensato y razonable de cualquier Ministra que se precie, sería ordenar su inmediato cese o de lo contrario, también la ministra se convertirá en cómplice y promotora de un totalitarismo, que ni el pueblo español, ni las instituciones que le representan quieren, ni mucho menos, se merecen.
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