El Poder Judicial insta al TSJ a que le dé una solución y éste responde que tratará el asunto
Ninguno de los 90 jueces de la última promoción ha solicitado hacerse cargo de la plaza vacante en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules, que investiga el caso Fabra y que lleva desierta desde el pasado mes de diciembre, cuando la última titular, Lourdes Noverques, decidió pedir el traslado voluntario.
El caso Fabra salpica desde finales del año 2003 al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y a otros seis ex altos cargos de los gobiernos de Aznar, a los que la Fiscalía Anticorrupción investiga por delitos contra la Administración Pública. Fabra está siendo investigado además por fraude fiscal.
En la actualidad, una juez sustituta dirige este juzgado pero no ha ordenado ninguna diligencia importante para el desarrollo del caso desde hace más de seis meses. Fuentes judiciales aseguran que los jueces jóvenes recién salidos de la carrera rehuyen el destino de Nules porque el caso Fabra es un procedimiento complicado, que acumula ya más de 20.000 folios, y por la propia saturación de este partido judicial, que carece de medios humanos y materiales para hacer frente al volumen de causas que entran en el registro cada día.
Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) explicaron ayer que el problema para encontrar un juez que tome las rienda del caso de supuesta corrupción más importante de Castellón se produce porque al final del curso judicial han quedado más plazas vacantes que jueces y "no se puede forzar a ninguno a ir a Nules".
Las mismas fuentes del CGPJ señalaron que al no haber sido cubiertas todas las plazas, "el mecanismo normal" a seguir es que la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) le ofrezca una "alternativa" o bien proponga una "solución", como el nombramiento de "jueces sustitutos o de una comisión de servicios". El CGPJ insiste en que de él depende "la formalización del acuerdo", pero la propuesta tiene que provenir de la sala de Gobierno del TSJCV porque es este órgano jurisdiccional el que tiene que valorar las "necesidades reales de los juzgados", así que "desde la Comunitat Valenciana propondrán lo más oportuno". La solución podría pasar por asignar la instrucción a un juez de una población castellonense cercana o por el nombramiento de un magistrado de refuerzo, como se hizo en Málaga con el caso Malaya, una medida que rechazó de plano el conseller de Justicia de la Comunidad Valenciana, Fernando de Rosa, en una reciente comparecencia en las Corts a petición de la diputada de Esquerra Unida Marina Albiol.
Precisamente fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano aseguraron ayer que la Sala de Gobierno de este órgano podría tratar el caso del juzgado de Nules y otros en su reunión semanal prevista para hoy -en la que no figura en el orden del día- o en posteriores reuniones. El objetivo sería idear una propuesta de solución que se elevaría después al CGPJ. Además, el TSJ recuerda que 21 de las 170 plazas vacantes que hay en España están en juzgados valencianos, de las cuales se cubrirán sólo 9, mientras que 12 seguirán libres hasta el próximo año, entre ellas la de Nules. Las mismas fuentes han indicado que es "normal" que los jueces elijan los juzgados que más les conviene por proximidad a sus hogares. Y añadieron: "De cualquier modo el caso Fabra es uno más y será tratado junto a los demás por la sala de Gobierno".
El procedimiento permanece abierto a la espera de que los peritos de Anticorrupción -el mismo grupo de expertos fiscales que trabajó en el caso Malaya-, reciba los datos bancarios de Fabra y su familia. Algunos bancos aún no han aportado esta información un año después de pedirlo la juez. A fecha de hoy toda la causa se asienta sobre esta prueba y el informe de los peritos de la Fiscalía Anticorrupción que debe determinar si Fabra dejó de declarar 600.000 euros en su declaración de la renta de 1999.
